Ley Minera: ONGs señalan que las modificaciones aprobadas y enfocadas al litio son insuficientes

El pasado domingo 17 de abril tras el rechazo de la implementación de la Reforma Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de diputados propuestas de modificación a la Ley Minera con el fin de promover la soberanía de México ante el litio.

Así, con mayoría simple, Morena, PT y PVEM aprobaron las modificaciones, en lo general y lo particular de los artículos no reservados de la Reforma a la Ley Minera el pasado 18 de abril.

Es en medio de este contexto que ONGs, académicos y comunidades pertenecientes al movimiento Cambiemosla ya y ALDEA llamaron a aprovechar la iniciativa para “hacer cambios profundos a la ley”.

Si bien, los defensores del territorio han asegurado que ven positivo que el Poder Ejecutivo plantee reformas a la ley, señalaron que la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo y recientemente aprobada en votación en la Cámara de Diputados “es muy limitada”.

“(...) no corresponde a la profundidad con la que se ubica el problema en la exposición de motivos ni corrige el contenido violatorio de los artículos que han posibilitado la entrega de los territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como contra los núcleos agrarios”, aseguran.

Cabe destacar que dicho movimiento reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, académicos, y personas defensoras de la tierra y el territorio desde hace dos años con el fin de impulsar una reforma “profunda”.

Sus principales señalamientos se centran en que desde que fue expedida en 1992, la Ley Minera “estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones sin que importaran los derechos del pueblo de México”

Con ello, expresaron que los fines vigentes de la Ley Minera “no son conciliables” con la Constitución ni con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y plantearon una serie de puntos a modificar:

Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras. La actual iniciativa del Ejecutivo no debe dar este mismo carácter al litio, porque posibilitará que se priorice la minería de litio por encima de las actividades que realizan las comunidades en sus territorios.

-Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios.

-Cambiar el esquema y el régimen abusivos de las concesiones (las concesiones duran hasta 100 años, no se distingue entre concesión para exploración y para explotación, hay facilidades para traspasarla y no hay límites en el número de hectáreas que pueden ser concesionadas, entre otros).

-Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.

-Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.

-Que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.

Según la información compartida por la dependencia de gobierno, hasta el momento se encuentran vigentes 24 mil 066 concesiones mineras en el país distribuidas en 16.83 millones de hectáreas (el equivalente al 8.59% del territorio nacional) la SEMARNAT señaló que ,derivado de ello, ya ha atendido diversos “casos de daños ambientales causados por la minería, en los que se encontró una vinculación y afectación a pueblos indígenas.

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