México defendió ante una audiencia de EEUU su demanda en contra de fabricantes de armas

El 4 de agosto de 2021, en un hecho inédito, México, representado por el canciller Marcelo Ebrard, presentó una denuncia en contra de los fabricantes de armas, acusándolos de negligencia, al considerar que estas facilitan el tráfico ilegal de armamento al territorio mexicano, mismo que está vinculado al narcotráfico en el país. Específicamente fueron ochos las compañías en cuestión que, posteriormente, presentaron una serie de mociones para desestimar los alegatos mexicanos. Ambas partes se reunieron este martes en una audiencia virtual para defender de manera oral sus argumentos.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó al término de la audiencia que esta solo se realizó para que cada parte expusiera sus motivos al juez. Es decir, este no iba resolver nada durante estra jornada, solo escuchar a las partes, la audiencia no trataba sobre el problema de fondo.

Una hora y media duró la sesión que se acordó sería realizada de manera remota (todavía) por el problema sanitario que supone el COVID-19. De acuerdo con Celorio, cada una de las ocho empresas presentó su moción particular, y entre todas hicieron también una conjunta. Todo con el fin de explicar al juez por qué piensan que se debe detener la demanda mexicana.

Entre los intentos por echar atrás los señalamientos de México, los fabricantes de armas cuestionaron si ese país tiene la legitimidad de presentar demandas en Estados Unidos, así como en Massachusetts. También consultaron si podía establecerse un relación vinculante de responsabilidad entre la violencia en México y su papel como despachadores de armamento.

Incluso, según detalló el funcionario de la Cacillería, el propio juez cuestionó, en una suposición, a la parte mexicana si su demanda posteriormente se prestaría como argumento para otros países, Israel o Ucrania mencionó de ejemplo, para responsabilizar a los fabricantes de armas de EEUU de los homicidios perpretados con sus productos en esos países.

“Las circunstancias de este litigio son particulares de México en relación con estas empresas demandas”, sostuvo la defensa mexicana, indicando que el problema del narcotráfico y la facilidad que estas compañías suponen para armar a sus integrantes es una situación específica en México.

Celorio insistió en que no es el mero hecho de vender cada una de las armas, sino el de localizar las irregularidades de un cliente, por ejemplo, comprando en repetidas ocasiones en un lapso corto de tiempo, sin que estas compañías hagan algo al respecto.

Así mismo, el funcionario indicó que la decisión del juez al respecto podría tardar semanas en estar lista, debido al gran volumen de información presentada por ambas partes. También advirtió que, una vez que se tenga, ambas partes podrían recurrir la resolución.

“Nosotros sabemos que nuestros argumentos legales son lo suficientemente sólidos como para obtener la razón”, dijo Alejandro Celorio añadiendo que en caso de que el juez se pronunciara a favor de la mociones de los demandados, “recurriríamos a la instacia de apelaciones para solicitar que se reviertan los efectos de la decisión del juez”.

México acusa a las empresas de socavar sus estrictas leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las señaladas argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas estadounidenses también argumentaron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de su país les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

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