Dulce María Silva, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma para incrementar y aplicar penas más severas al público consumidor de pornografía infantil, esto con la intención de que esto disuade a este sector de que este ilícito siga proliferando en México.
El sábado 19 de febrero, la Cámara de Diputados difundió, a través de un comunicado oficial, que la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia planteó modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Para que las penas en materia de pornografía infantil y sancionar el ver y poseer dicho material, así como castigar a quienes por cualquier medio lo reciba y no denuncie el hecho ante las autoridades se hagan realidad, la Cámara Baja deberá de dictaminar y votar esta iniciativa.
En particular, la iniciativa busca reformar el Artículo 17 de la ley señalada para imponer pena de 10 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa al que almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero el material, sin fines de comercialización o distribución, así como para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión. En ésta se menciona que actualmente las penas son de cinco a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, pero no contempla la posesión ni el verlo, tampoco considera a quien reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.
Por lo que durante la exposición de motivos, Silva Hernández argumentó que no debería existir una distinción entre el generador o vendedor de pornografía infantil y el comprador o consumidor final, “ya que son igualmente responsables, e incluso más, debido a que la demanda de estos materiales es precisamente el detonador del delito”.
Bajo esta lógica, la diputada consideró necesario dar un paso más en favor de las víctimas de trata de personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, así como de avanzar en el combate y erradicación de este delito.
Aunado a esto, ponderó que la pornografía, particularmente la que resulta de la trata de personas, y específicamente la que involucra a personas menores de edad, no debe ser tolerada, normalizada, ni pasada por alto por ningún miembro de la sociedad.
De acuerdo con el Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional recordó que entre marzo y abril de 2020 hubo un incremento de 73% de los reportes de pornografía infantil en México, mismos que se relacionaron con Facebook al 80 por ciento.
Además, a mediados de diciembre de 2021, una investigación reveló que 60% de la pornografía infantil global se produce en México y, de acuerdo a cifras dadas a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la pandemia de COVID-19 en la república, aumentó en 117% la producción y consumo de pornografía infantil. Se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en México para explotación sexual infantil.
La gravedad de los hechos y el incremento del problema exigen soluciones por parte del Poder Legislativo para perfeccionar la norma jurídica a fin de que este delito no quede impune, pues “datos ubican a México en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil”, finalizó.
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