
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estudiará la demanda de amparo interpuesta por la defensa de Mario Aburto Martínez, a quien se le imputó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por el que recibió una condena de 45 años en prisión; esto tras la desición de un tribunal federal, quien decidió que no canalizará el proceso a los 11 ministros que conforman la máxima sala de justicia en el país.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México argumentó que el estudio del amparo solicitado por Aburto no le compete a la SCJN, por lo que será el órgano judicial mexiquense el cual analice el caso y determine si se otorga el recurso legal que lo podría poner en libertad después de más de 26 años en prisión.
“Dígase al quejoso que este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer y resolver el amparo directo que se atiende, asimismo, que del estudio preliminar del asunto que se atiende, no se aprecia que se hayan impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, ni se realizó la interpretación directa de un precepto constitucional”, manifestó el tribunal a través de un comunicado.

Los abogados de Mario Aburto promovieron el amparo en contra de la sentencia de 45 años el pasado 25 de mayo del 2021, en el cual argumentaron que se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades que lo detuvieron, quienes se encargaron de torturarlo y posteriormente obligarlo a declarar que él había sido el asesino y único implicado en el crimen.
Asimismo, el oficio presentado ante las autoridades judiciales aseguró que la familia del imputado también ha sido víctima de los abusos por parte de las autoridades, pues además de ser privados de la presencia de su ser querido, fueron violentados por policías.
Mario Aburto cumple su condena en el Cefereso 12 de Ocampo, Guanajuato, lugar en el cual se le notificará si su condena se modifica, confirma o es revocada, según el fallo al que las autoridades lleguen después de estudiar su amparo.
La defensa del imputado está conformada por defensores públicos y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que denunció las torturas que recibió Aburto para obligarlo a confesar.
En noviembre del 2021, la CNDH dio a conocer de manera detallada el trato del cual fue víctima Mario Aburto tras ser detenido en 1994, además de informar que los documentos oficiales del caso exhiben diversas irregularidades, por lo cual pidieron que se revisara su situación legal.

“Al cúmulo de deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso que se tuvieron con motivo de la investigación del asesinato del entonces candidato presidencial, se suma esta circunstancia que hace obligado revisar el caso, y ofrecerle justicia y verdad no sólo a las víctimas, entre las cuales debe incluirse de manera preponderante a la familia del asesinado, sino a toda la sociedad mexicana”, manifestó el oficio.
Según la CNDH, Mario Aburto aseguró ser inocente desde su captura en Lomas Taurinas, lo cual sostuvo en reiteradas ocasiones, declaraciones que fueron desestimadas por las autoridades, quienes se encargaron de esconder estos hechos por más de 27 años.
Asimismo se detectó que diversas declaraciones de testigos y ejecutores de la tortura del imputado fueron desechadas por el juez, de la misma forma, los exámenes médicos que se realizaron fueron maquillados, por lo que su estado de salud no fue tomado en cuenta para juzgarlo.
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