“Su lealtad es con la República, no con el presidente”: Javier Lozano tundió a Sánchez Cordero

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera de manera parcial el “decretazo” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero.

El poblano reaccionó ante una publicación en Twitter de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Ruíz Massieu, en donde reconoció “la defensa de la Constitución por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)” tras haber presentado una impugnación por el llamado “decretazo”.

“Ahora falta que el @senadomexicano haga lo propio. Exijan a @M_OlgaSCordero que cumpla con su responsabilidad. Su lealtad es con la República no con el presidente de la misma”, escribió Lozano Alarcón a través de su cuenta oficial de dicha red social.

Cabe mencionar que la tarde de este martes 14 de diciembre, el ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como “reservada” toda información pública de los proyectos que se han catalogado como insignia de la administración López Obrador, como los son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, por mencionar los más significativos.

Lo anterior al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INAI y conceder suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre. Así lo detalla el acuerdo publicado por el máximo tribunal del país: “Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”.

Esto significa que, para mantener en reserva alguna información sobre dichas megaobras, las autoridades a quienes se requieran dichos datos tendrán que argumentar legalmente las razones de seguridad nacional que sustenten su decisión.

En el mismo acuerdo, se niega a considerarlos como de seguridad nacional dichos proyectos para efectos de que todas las dependencias de la administración pública federal otorguen los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización.

“Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada Apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”, se lee en el dictamen.

Es necesario aclarar que la suspensión es sólo una medida cautelar y estará vigente hasta que la SCJN resuelva si el acuerdo presidencial es o no constitucional.

Por otra parte, el pasado 7 de diciembre, la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) argumentó que, conforme a los criterios de la SCJN, “el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.

“En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”, escribió Sánchez Cordero en redes sociales.

Ello como consecuencia de que 53 senadores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, así como del grupo plural, exhortaron a la presidenta del Senado a impugnar el decreto presidencial, al considerar que viola la Constitución y atenta contra la división de poderes.

SEGUIR LEYENDO: