En los últimos años una nueva forma de extorsión se ha apoderado de las vialidades de la Ciudad de México: los “montachoques” o “choca-choca”. Se trata de personas que fingen impactos, colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de no causar un daño físico o material a la víctima.

Por ello, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez, presentó este miércoles una iniciativa para reformar el artículo 236 del Código Penal, para adicionar la fracción IV al párrafo III, donde se sancione al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial.

Y es que la legisladora blanquiazul señaló que cuando ocurre este delito se deja en indefensión a las víctimas, ya que cuando pretenden denunciar, el Ministerio Público no cuenta con las herramientas legales necesarias para poder encuadrar la conducta de sus agresores en alguno de los tipos penales previstos actualmente, situación que los pone en estado de vulnerabilidad.

En este sentido, propuso que se les castigue con una pena que va de los tres a los ocho años de cárcel cuando intervenga una o más personas armadas, o con algún instrumento peligroso, así como también emplee violencia física o amenazas para hacer creer a la víctima que es responsable.

Además, se le impondrá una sanción económica de 1,000 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s); es decir, hasta 179,240 pesos.

Sin embargo, Gutiérrez Ureña propuso que cuando el delito sea cometido en contra de persona mayor de 60 años de edad, las penas deberán incrementarse en un tercio.

De igual forma, las penas aumentarán al doble, cuando el delito lo realice un servidor público, miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno o privada, a quienes procederá su inmediata destitución, así como inhabilitación hasta por 10 años.

La iniciativa se envió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para ser analizada y dictaminada. Una vez que el dictamen esté listo, se deberá someter a votación ante el pleno.

Cómo actúan

Mientras los hampones van manejando autos de media o alta gama eligen a su víctima, principalmente a quien no tenga seguro (con base en su número de placas) o que venga distraída al volante.

Tras seleccionar, el automóvil que va a provocar el choque cambia de carril incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente aplicar una maniobra de frenado inesperado y que la persona, que será extorsionada, no alcance a frenar y se impacte con él.

El delincuente, que comúnmente va acompañado por varios cómplices, desciende del carro para intentar cobrar con uso de violencia un dinero por el golpe. También se ha registrado que además de dinero, pueden exigir pertenencias como celulares, computadores o hasta el auto.

Recomendaciones

En caso de tener un percance vial y el ciudadano o ciudadana sospecha que la otra parte actúa de forma inusual o agresiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recomienda hacer lo siguiente:

*Orillar los vehículos en un lugar que no obstruya el tránsito.

*Permanecer en calma y dentro del automóvil.

*Luego de un incidente de tránsito, hacer de conocimiento al agente de seguros y proporcionarles la ubicación.

*Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato llamar al 911 o al 5208 9898 en la Unidad de Contacto del Secretario, o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter @UCS_CDMX.

*Evitar acceder a un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos, sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial.

*Verificar que la persona autorizada por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de la empresa.

*Durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites, el interesado debe estar presente.

*En caso necesario, presentar su denuncia ante un agente del Ministerio Público o un Juez Cívico.

La dependencia indica que si alguna de las partes no cuenta con los documentos pertinentes o las aseguradoras no alcanzan un acuerdo, los oficiales de la SSC deberán remitir a los involucrados ante un Juez Cívico para que se imponga la sanción administrativa o económica que corresponda.

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