Los ataques contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido constantes desde el inicio de su administración. Sin embargo, las críticas han ido a más a partir de este lunes, cuando se anunció un nuevo decreto que consagra como seguridad nacional las obras de infraestructura promovidas por el Ejecutivo.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el dictamen persigue que los datos de las infraestructuras de los sectores de comunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticos, puertos, aeropuertos y todas aquellas que se consideren estratégicas, serán blindados, es decir, la información sobre los proyectos será reservada.
Lo anterior ha sido considerado por políticos, analistas y periodistas como un acto de corrupción, debido a que habrá más discrecionalidad en el manejo del presupuesto y por ende más opacidad.
La senadora Lilly Téllez —férrea crítica del mandatario federal— ha señalado como inconstitucional y arbitrario el acuerdo. “Mañana propondré a @senadoresPAN el ejercicio de una Acción de Inconstitucionalidad contra el arbitrario Acuerdo Presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos. Y les urge un abogado porque les vamos a ganar”, detalló.
El nuevo decreto, además, da instrucciones a las dependencia para otorgar en un lapso de cinco días hábiles los permisos o licencias para iniciar los proyectos u obras.
En ese sentido, la periodista Denise Dresser ha mencionado: “Así (López Obrador) garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización con la que pretende perpetuar su proyecto”.
Las de Lilly Téllez y Denise Dresser no son las únicas voces críticas que se han alzado desde que este lunes se anunciara el decreto. En redes sociales analistas y otros funcionarios se mostraron molestos. La senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán aseguró que el nuevo dictamen “es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la “Seguridad Nacional”. Es claramente INCONSTITUCIONAL. Le anticipo de una vez: Nos vemos en la Corte”, escribió en Twitter.
El economista Guillermo Barba ha escrito: “Qué tan alto llegará la corrupción en las obras del gobierno como para declararla de “seguridad nacional” y así ocultar toda la información que sea posible?”.
La defensa del decreto de López Obrador ha correspondido al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas quien señaló que el acuerdo tiene la intención de “agilizar las obras federales y sean consideradas de interés público y de seguridad nacional. Con ello se hará valer el interés colectivo sobre el interés privado. En las obras se respetarán las normas ambientales, legales y de transparencia”.
El proyecto de obra pública más ambicioso del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con una extensión de mil 525 kilómetros. Se trata del Tren Maya que, junto con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, han estado a cargo de la Defensa Nacional desde el inicio de su edificación.
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