La senadora panista Lilly Téllez, emitió su opinión después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decretara que los megaproyectos y demás obras de infraestructura serán considerados de interés público y seguridad nacional, esto debido a su importancia para impulsar el proyecto de nación de la 4T.
En entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio, la legisladora aseguró que será difícil y tardado que proceda una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente, esto de acuerdo con expertos en leyes y puntualizó: “Nos llevaría mucho tiempo podernos defender y que las cosas se compongan.”
En este contexto y como una propuesta que alienta a la resistencia civil, Téllez propuso dejar de pagar impuestos, pues considera que las acciones del actual gobierno son abusivas con la población.
La panista aseguró que el gobierno del tabasqueño viola la ley, pues no informa a los ciudadanos en qué gasta el dinero, cómo lo asignan, a quiénes contratan, a quién benefician, a quién perjudican y qué daños provocan. Razones por las cuales, propone dejar de pagar impuestos.
Es así que como especie de defensa ante estos abusos del gobierno, Lilly Téllez propuso un día sin pagar impuestos.
Y es que tras este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), han surgido una serie de críticas al respecto como lo expuesto por Gustavo de Hoyos, exdiregente de Coparmex (Confederación Patronal de la Republica Mexicana) quien aseguró: “Orden presidencial mata legalidad.”
A través de su cuenta de Twitter, de Hoyos, externó: “El Acuerdo presidencial para avasallar las leyes aplicables a los proyectos oficiales, aduciendo razones de “interés público y seguridad nacional” es claramente insconstitucional.”
Fue así que el empresario se apoyó de un hilo publicado en Twitter por el abogado Gerardo Carrasco, profesor de la Maestría en Anticorrupción en la Universidad Panamericana.
Otra de las razones es que considera que las seguridad nacional no puede ser utilizada “como pretexto” para desobedecer el principio de legalidad, ni el respeto a los derechos humanos, ya que, explicó, que en el actuar de toda autoridad, se debe respetar lo que estable todo el orden jurídico.
Para reforzar este argumento, explicó que la Ley de Seguridad Nacional en su Artículo 4° especifica que: “La seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales e protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.”
Gabriel Quadri, miembro de la oposición en la Cámara de Diputados, escribió a través de sus redes sociales que ahora se ha formalizado “pasarse por el arco del triunfo toda la legislación y regulaciones ambientales aplicable a proyectos de infraestructura”, además de referirse al presidente como un “autócrata en acción”.
Por su parte, Javier Lozano, abogado y ex funcionario público, fue tajante al asegurar que se trata de un decreto “absolutamente inconstitucional e inmoral”, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal como “un peligro para México”.
“No tiene madre”; “Totalmente de acuerdo. Son unos atascados”, fueron algunos de sus tuits.
Por último, uno de los comentarios más amplios y compartidos a través de las redes sociales, fue el de la escritora y politóloga Denise Dresser, quien aseguró que se trata de un “cheque en blanco a las fuerzas armadas”, pues consideró que ahora se les otorgarán permisos “al vapor”, escudados bajo el argumento de la “seguridad nacional”.
“Así garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización con la que pretende perpetuar su proyecto”, apuntó.
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