FGR dictó auto de formal prisión al fiscal de Azcapotzalco por el delito de falsificación

La Fiscalía General de la República (FGR) dictó auto de formal prisión a Grimaldo Cajero Morales, fiscal de investigación territorial en Azcapotzalco, por los presuntos delitos de falsificación de documentos y de declaraciones judiciales.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación del Estado de México, obtuvo auto de formal prisión en contra de una persona, por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos y falsedad de declaraciones judiciales”.

En un comunicado oficial, el órgano detalló que el imputado habría presentado hechos falsos dentro de una diligencia de cateo para un inmueble de Huixquilucan, Estado de México (Edomex) en 2009; esto, especificó, durante su ejercicio como agente del Ministerio Público de la Fiscalía.

“Al comparecer ante el órgano jurisdiccional para desahogar diversos actos procesales, el hoy imputado faltó a la verdad sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la referida diligencia”, explica el escrito.

Esta acusación había sido prevista luego de su detención el pasado 28 de octubre, la cual, de acuerdo con fuentes del gobierno federal, estaría relacionada a supuestos delitos cometidos en 2010.

En ese tenor, los informes narraban que en ese año se le ordenó ejecutar una orden de cateo y aseguró haber detenido a una persona que contaba con una orden de aprehensión afuera de su domicilio. Sin embargo, se demostró que el sospechoso fue capturado al interior de la propiedad, propiciando la liberación del acusado.

Esto fue lo que llevó a dictar su detención para posteriormente ingresarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en espera de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión.

El detenido estuvo adscrito como Ministerio Público federal en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la entonces PGR.

Durante 11 años el servidor público no tuvo ningún contratiempo legal, pese a que la investigación estaba en curso e incluso superó los exámenes de control de confianza.

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