En días pasados Selina Haidé Avante Juárez fue retirada de su cargo como magistrada perteneciente al Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, ello tras haber otorgado el 27 de julio un amparo a José Kamel Nacif; el empresario libanés denunciado por explotación sexual infantil, ordenó la tortura a la periodista Lydia Cacho, quien en su libro “Los demonios del edén” expuso la red de pornografía y prostitución infantil que Nacif lideraba en complicidad con el gobernador de Quintana Roo, Mario Marín.
Ahora, Lydia Cacho Ribeiro acusó durante la madrugada de este jueves que el tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República que desactivaran la Alerta Roja Interpol en contra de José Kamel Nacif Borge, “el pederasta que ordenó mi tortura”, sentenció la escritora que fue agredida en 2005 tras haber expuesto su investigación periodística.
Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Cacho arremetió contra las autoridades: “16 años de batalla judicial desactivados por una magistrada corrupta y una Suprema Corte de Justicia de la Nación que se negó a escucharnos”.
Dicha magistrada fue una pieza clave para entorpecer el proceso judicial contra el empresario libanés, mismo que repercute directamente en la protección de la periodista, quien actualmente se encuentra en exilio “por impunidad” según señaló ella misma. Se ha especulado que Avante Juárez, la magistrada que amparó a Nacif, podría incluso ser investigada por haber permitido la liberación del pederasta en un presunto acuerdo ilegal, que violan la política de adscripciones de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, en la parte relativa al correcto desarrollo de investigaciones.
Cacho Ribeiro mencionó que su equipo legal, encabezado por la organización Artículo 19 que defiende la libertad de expresión, metió un amparo “como el último y casi imposible recurso” en contra de la liberación de Nacif Borge. Y señaló que esto se trata de una guerra en contra de la trata sexual de infantes, así como contra la corrupción que ha caracterizado al Estado mexicano. Tras ello, el “hombre que ordenó comprar a una niña virgen de 13 años”, es decir, Kamel Nacif, podrá regresar a México mientras que quien tiene que seguir ocultándose para salvaguardar su vida, es la periodista.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció Cacho, ahora tiene por tercera vez en 15 años la facultad nuevamente de hacer algo por proteger a las víctimas de explotación sexual infantil, así como a activistas y periodistas como ella que han sobrevivido a la tortura tras denunciar actos inhumanos. Ante ello, cuestionó si liberarán también al entonces gobernador Mario Marín, acusado de pedofilia en conjunto con otros criminales.
Entre el 16 y 17 de septiembre de 2005 Lydia Cacho fue encarcelada en Puebla, por lo que se presume fue un arreglo entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la mezclilla”. Dicho individuo se encuentra el libertad bajo fianza en el Líbano, lugar de donde es originario y había sido arrestado a finales de 2020.
En su momento, respecto a la detención ilegal de la periodista, las magistradas que revisaron el caso determinaron que “no había prueba fehaciente” de que el motivo para detener y torturar a la periodista fuera la publicación de su libro, y redujeron lo sucedido y vivenciado por ella a la responsabilidad de los dos policías que la detuvieron; ello pese a que automóviles propiedad de Nacif escoltaron a dichos policías en el traslado de la periodista de Puebla-Cancún-Puebla.
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