¿Pudo Itiel Palacios, un empresario de 38 años estar detrás del asesinato en 2019 del diputado de Veracruz, Juan Carlos Molina? Todo aquel que lo conoce respondería que no, menos el gobierno de Cuitláhuac García que lo acusó de ser un peligroso narco y homicida serial.
El periplo de Palacios inició hace poco más de un año. Con ninguna variación en su declaración, Itiel cuenta una y otra vez que fue detenido el 3 de septiembre del año pasado con el único argumento de ser el culpable del magnicidio del legislador Juan Carlos Molina, quien fue ejecutado por un comando de ocho personas que lo siguió hasta su rancho en Santa Rosa, en Jamapa, Veracruz.
La versión oficial de su captura es que este hombre —a quien dice, le han impuesto varios alias— cayó en un operativo en León, Guanajuato y que pese a su peligrosidad, lo arrestaron sin oponer resistencia y sin hacer ni un sólo disparo.
Las autoridades aseguraron que no sólo habían detenido al responsable del homicidio del político, si no a un ex miembro del Cártel de Sinaloa que, desde hace unos años, estaría relacionado con múltiples homicidios en Playa Vicente, Veracruz.
Su captura entonces, fue entendida con el fin de una espiral de violencia que amenazaba a Veracruz, Guerrero y Guanajuato.
En una entrevista con el periodista Óscar Balderas, la hermana del empresario, Rubicelia Palacios, asegura que ella y su familia cuentan con un pilar de pruebas en la mano de que el gobierno veracruzano fabricó un presunto culpable.
De acuerdo con Rubicela, el día de la ejecución el falso narcotraficante se encontraba en una fiesta infantil que se llevó a cabo a 750 kilómetros de distancia de la escena del crimen, es decir a 14 horas manejándotela a una velocidad considerable.
Además, los familiares cuentan con la geolocalización del celular de Itiel Palacios , otorgado por una compañía privada de telecomunicaciones. Incluso, aquel día del 2019, el empresario utilizó su tarjeta de crédito —que necesita firma electrónica— para pagar el salón de fiestas PartyCity.
El pasado 10 de septiembre, a través de una carta dirigida a la opinión pública, el imputado da razón de su situación legal, donde asegura que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte.
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