
Luego de la Fiscalía General de la República (FGR) publicara un comunicado en donde se revelan acusaciones en contra del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, este utilizó sus redes sociales para defenderse.
El miembro del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que la supuesta entrega de dinero a cambio de su voto a favor de la reforma Energética de Enrique Peña Nieto fue ocho meses después de la legislación referida.
En segundo lugar, señaló que llevaba seis meses fuera del cargo cuando se llevó a cabo la presunta transacción monetaria y, por último, cuestionó si un voto a favor es prueba de que ocurrió un acto de corrupción como del que se le acusa.

Además, el egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro criticó la falta de competencia de las autoridades, hasta el grado de no creer lo que leyó en el boletín público.
Después de casi una semana de encontronazos entre Anaya Cortés y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República reveló los supuestos delitos en contra del excandidato.
De acuerdo con el boletín, todo está relacionado con un primer pago de 10 millones de dólares que entregaron altos funcionario de la empresa brasileña Odrebrecht a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos), para “garantizar el control sobre esa producción petrolera”.

En tanto, según las declaraciones del exfuncionario, recibió “órdenes” de entregar 6,800,000 de pesos al entonces diputado del PAN, Ricardo Anaya, para que votara a favor de la Reforma Energética.
“Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo “N” por una persona de confianza del propio Emilio “N”, cuyo nombre es Norberto “N”; misma cantidad que entregó a Ricardo “N”, en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.
Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo “N” votó a favor de la misma”, especifica la misiva de la FGR.

Además, se menciona que los testigos Miguel “N” y Froylán “N” declararon haber presenciado visitas de legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, a la oficina de Lozoya Austin en la dirección general de Pemex.
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, QUE PUEDEN APORTARSE EN VERSIÓN PÚBLICA, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país, a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido, lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son de dominio público”, se lee en el documento.
De esta manera, el Ministerio Público de la Federación solo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que se considere que se establece un hecho que se considere un delito y la probabilidad de que el imputado, en este caso el excandidato panista, lo cometió o participó en su comisión.
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