El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al gobierno federal a reconsiderar las modificaciones en las reglas al comercio exterior que afectan la competitividad y el libre mercado, debido a que ponen en riesgo el suministro de gasolinas y otros combustibles en el país.
A través de un comunicado, el CCE aseguró que “cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para combatir hechos delictivos, es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país”.
Consideró que estos cambios vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio.
El organismo empresarial recordó que el pasado 11 de junio se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispone que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado.
Explicó que el despacho en LDAs es un mecanismo que han utilizado participantes públicos y privados del mercado para la importación y exportación de mercancías que, por su volumen o características especiales, requieren de instalaciones específicas y permiten agilizar las dinámicas del comercio exterior.
Es por eso que -destacó- restringir su uso únicamente a las Empresas Productivas del Estado desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional.
El organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín, alertó que con esta medida, México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos.
“La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios”.
Y estimó que, con la medida anunciada, “la afectación potencial a mediano plazo sería de 25% hasta 48% de las importaciones de petrolíferos. Se pondría en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles”.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a 12 organizaciones que en su conjunto aglutina a 2,000 asociaciones y alrededor del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, finalizó su comunicado reiterando su pleno respaldo a las autoridades para combatir toda ilegalidad en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, con el marco legal y regulatorio vigente, pero mediante estrategias que reactiven la economía mexicana por la vía del respeto al Estado de Derecho.
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