Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI, opositor al gobierno) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) incluir en la consulta popular del próximo 1 de agosto los temas de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia del COVID-19, así como el colapso de la Línea 12 del Metro capitalino.
La bancada priísta en la cámara baja señaló que esos temas son parte esencial de las decisiones políticas tomadas en el pasado y que deben ser esclarecidas para garantizar justicia y salvaguardar los derechos de posibles víctimas. Además el grupo destacó que la interrogante no define un periodo específico y, por tanto, existe la posibilidad de abarcar actos políticos del actual sexenio.
Y es que, la pregunta a la que se refieren que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Entonces, según señala el medio nacional mexicano Milenio, para los diputados federales del PRI “es legal y legítimo que en el ejercicio de participación ciudadana del primer domingo de agosto de 2021 los mexicanos opinen respecto a la estrategia del gobierno federal en el combate al COVID-19 y las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro”.
Así, en un punto de acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidieron al INE incluir ambos asuntos en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional en las papeletas de la consulta popular.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) reasignará recursos originalmente destinados a otras tareas para organizar la consulta popular sobre investigación a ex presidentes.
La dependencia electoral fue notificada sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional que presentó para que le fuera otorgado capital extra y llevar a cabo la consulta el próximo 1 de agosto.
A inicios de junio, la SCJN determinó que el recurso interpuesto por el INE fue infundado, debido a que sí tiene cómo solventar gastos de operación y realizar el plebiscito promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que no se especificó de dónde se obtendrán los fondos, el órgano electoral acatará la decisión y hará uso del dinero que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2021.
De acuerdo con la Primera Sala de la Corte, el INE contó con excedentes presupuestales para 2021. Pero la institución negó esa afirmaciones, pues explicó que le fueron asignados 26 mil 819 millones, 801 mil 594 pesos, luego de sufrir un recorte de 870 millones de pesos a su presupuesto contemplado.
Pero al menos siete mil 226 millones (7,226,003,636) fueron para financiamiento público de Partidos Políticos Nacionales, sus gastos de campaña y el conjunto de las Candidaturas Independientes. De ahí que se argumenta, no hubo fondos sobrantes.
En su resolución, la SCJN estableció que el INE debió prever en su solicitud de recursos para 2021, los correspondientes adicionales para la consulta.
Pero el proyecto de presupuesto fue elaborado y enviado en agosto del año pasado, un mes antes de que el presidente solicitara someter al juicio de la ciudadanía si están de acuerdo con investigar a sus antecesores. Además, el decreto para la convocatoria de la consulta popular se publicó el 28 de octubre de 2020.
“Era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas”, se quejó el INE.
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