México continúa con los esfuerzos para combatir la trata de personas en el territorio, pero algunos han sido infructuosos o bien, limitados, en algunos casos hasta ignorados, por lo que no alcanzó el nivel de reconocimiento máximo en el más reciente informe sobre este delito a nivel global.
De acuerdo con el informe de Tráfico de Personas 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, México se encontraría en el nivel dos del combate a la trata de personas.
Es decir, aquellos países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para el combate a la trata de personas, pero están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con los mismos.
En este contexto, informaron, se han demostrado esfuerzos crecientes en comparación con el informe del año pasado. En resumen, alguna de las acciones que emprendieron las autoridades nacionales para prevenir, combatir o condenar este delito son:
° Condenar a más traficantes.
° Proporcionar financiamiento a tres Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan refugios para la trata de personas
° El aumento de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recopilar información en apoyo de las investigaciones y enjuiciamientos.
Sin embargo, hubo algunas áreas en las que se tuvieron errores, de acuerdo con el Departamento del estado. Algunas de ellas podrían ser en el tema de asignación de fondos, en la falta de condenas o bien, las medidas de investigación fueron inadecuadas.
En cuanto a los enjuiciamientos, se recopiló que los esfuerzos para hacer cumplir la ley fueron constantes, pero a pesar de obtener un mayor número de condenas, no se proporcionaron los datos completos de dichos procesos.
Al respecto, enumeraron la apertura de 55 investigaciones federales y 550 investigaciones estatales en un periodo de abril de 2020 a marzo de 2021, en comparación con 133 investigaciones federales y al menos 545 investigaciones estatales en el periodo anterior.
Lamentablemente la pandemia por COVID-19 frustró parte de los esfuerzos mencionados, pues el cierre temporal de las oficinas y la reducción de personas obstaculizaron las investigaciones de nuevos casos o el procesamiento de los pendientes.
Pero se obtuvo también un puntaje relevante gracias a la cooperación policial con los Estados Unidos, con quienes intercambiaron sospechosos del delito de trata, entre otras cosas.
Sobre la protección a las víctimas, se informó que se mantuvieron los esfuerzos, pero no se brindaron servicios adecuados a los afectados. En este contexto, se habrían identificado 673 víctimas en 2020, en comparación con 658 víctimas en 2019 y 706 víctimas en 2018.
Sin embargo, tras la implementación un protocolo formal de detección, identificación y atención migratoria, se reveló que no se terminaron las actualizaciones ni revisiones del mismo.
Además, señalaron que los observadores locales informaron de una falta de coordinación con otras secretarías para facilitar las investigaciones penales y la asistencia a las víctimas.
Por último, informaron que a pesar de contar con una unidad encargada de apoyar el acceso a la justicia y la indemnización de las víctimas, el gobierno no le proporcionó fondos suficientes ni personal capacitado.
Además, faltaron a la creación de un fondo para cubrir los pagos de restitución que los perpetradores no podían pagar, por lo que ninguna víctima recibió restitución a pesar de que los jueces ordenaron estos pagos.
Finalmente, en cuanto a la prevención de los delitos de trata, las autoridades norteamericanas encontraron también diversas fallas. Por ejemplo, indicaron que pese a realizar programas de concientización y capacitación contra la trata de personas, la conciencia y la comprensión de la trata, en particular del trabajo forzoso, siguió siendo baja, además de que no llegaron a los grupos de alto riesgo como los niños, las comunidades rurales e indígenas y los que no hablan español.
Por último, identificaron que no se asignaron suficientes recursos o personal a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hacer cumplir efectivamente las leyes laborales; y quizás la parte más importante, se detectó que el no investigó ni procesó a ningún presunto turista sexual con niños, pero sí enjuiciaron y condenaron a las personas que compraron actos sexuales comerciales a niños.
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