Del 4 de marzo al 30 de abril, 234 candidatos del actual proceso electoral habían denunciado amenazas y solicitado protección del gobierno, según informó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. No se sabe los estados donde estas advertencias se han hecho presentes, pero son los propios aspirantes quienes, a través de redes, han denunciado de forma abrupta las agresiones del crimen organizado.
Trascendieron las amenazas a la planilla del municipio de Izcapuzalco, Guerrero, postulados por el Movimiento Ciudadano que los obligaron a renunciar. El líder estatal de ese partido adujo advertencias de la delincuencia organizada. Los amenazó un grupo del crimen organizado y se retiraron aspirantes a la alcaldía, regidores y síndicos.
Otro caso es el del candidato a alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, que tuvo que pedir el aumento del número de policías para su seguridad personal. El lunes por la noche, cuando Ramírez Crespo realizaba un mitin, pistoleros realizaron varios disparos lo que provocó que quienes participaban en el acto salieran corriendo despavoridos.
El río de sangre que corre en las elecciones, no ha llegado de forma abundante a Guerrero, pero sí se han tenido que tomar acuerdos, no con las autoridades, sino con los que realmente gobiernan en esos lares (los narcos).
En Guerrero, dos grupos criminales (Los Ardillos y los Rojos) han sido señalados por sus vínculos con las autoridades locales, lo que les ha permitido fortalecer su poder en la zona.
Anabel Hernández, autora del libro El Traidor (Grijalbo: 2019) explica que en las zonas donde se libran sangrientas batallas, los criminales emprenderán nuevas disputas más silenciosas, discretas, igual o más peligrosas: las del control político, a través del respaldo económico en campañas y la imposición de candidatos. Con esto a su favor, el narco estará en posibilidades de expandir su poderío, contrarrestar el de sus rivales y asegurarse zonas francas para el establecimiento de sus familias.
El interés del narco en los comicios también se debe a las facilidades para hacer inversiones en el sector industrial, comercial o inmobiliario, a través de empresas fantasma con las cuales lavan sus ganancias.
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas conforman las 15 entidades donde se elegirán gobernadores.
Éstas, excepto Tlaxcala, son puntos neurálgicos en el tráfico y producción de drogas, por lo que los cárteles intentarán asegurarse tierra y espacio electoral.
El fenómeno de la filtración del narco en las urnas es de carácter regional. Según los expertos, los principales cárteles de la droga son confederaciones feudalizadas en permanente guerra entre sí. Lo suyo es el control del territorio local, por el momento. Esto no lo hace menos preocupante.
Este año no es el primero en el que el narco pretende intervenir ostensiblemente en las elecciones. En 2018, se contabilizó la muerte de al menos 49 candidatos que fueron ejecutados con usos y costumbres del crimen organizado. Claramente, estos asesinatos fueron una medida extrema en un proceso de desencuentros entre la clase política y el poder criminal local.
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