A casi un mes de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, calificadas como “las más grandes de la historia del país”, se han registrado 79 políticos asesinados desde que inició el proceso electoral, de acuerdo con la consultora Etellekt en su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021.

Del total, 31 de los casos eran aspirantes o candidatos en los comicios; seis eran mujeres y solo en tres casos están detenidos los presuntos responsables. Además, cuatro están presuntamente relacionados con el crimen organizado.

El 49% de las víctimas mortales pertenecía a la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el 17% al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el resto de otros partidos.

“Pese a lo anterior, la tendencia de ataques letales contra candidatos se ha estabilizado durante abril, al registrarse 3 víctimas mortales, un descenso del 70% en relación a los 10 aspirantes y candidatos que perdieron la vida en atentados durante marzo”, matizó el informe.

Sin embargo, sumando homicidios, amenazas, robos o secuestros, entre otras agresiones, hay un total de 443 víctimas hasta el momento durante las campañas, lo que supera las cifras de las pasadas elecciones presidenciales.

El estado de Veracruz es el que más agresiones registra, con 45 víctimas. Le siguen los estados de Guerrero con 23, Oaxaca 20, Michoacán 20, Puebla 18, San Luis Potosí 15, Estado de México 14, Tabasco 14, Quintana Roo 12, Ciudad de México 11 y Guanajuato 10. Esas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas globales.

Rubén Salazar, director de Etellekt, señaló en entrevista para El Heraldo que en este proceso creció la toma de instalaciones por parte de militantes y el robo a oficinas de partidos políticos, pero también los altercados en vía pública contra los opositores.

Ante este preocupante panorama, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, solicitó este martes en extraordinaria semipresencial a los partidos remitir sus peticiones de protección de sus candidatos al Consejo General que encabeza o a la Secretaría Ejecutiva, para que a su vez los canalice a las autoridades de seguridad federal.

Mientras que los candidatos locales deberán hacer lo propio ante los organismos electorales estatales, para que éste a su vez, lo remita a la autoridad local competente.

Córdova Vianello reiteró que el INE no es una instancia de seguridad, pero que canalizará todas y cada una de las peticiones que hagan los partidos políticos, a las autoridades de seguridad correspondiente.

El Artículo 244, Inciso 30, de la Ley Geneal de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), refiere que “el presidente del Consejo General del INE podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la presidencia de la República, conforme los mecanismos internos de su partido se ostenten con tal carácter”.

El 6 de junio, 93 millones de mexicanos están llamados a la urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de su historia.

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