La pandemia ha afectado de manera importante la salud mental y aceleró la presencia de una sociedad que tiene una brecha importante de atención, en la cual aproximadamente el 75% de las personas que enferman en el rubro mental no reciben tratamiento, señaló María Elena Medina-Mora Icaza, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Eso nos lleva a reflexionar qué podemos hacer con los determinantes sociales que afectan la salud mental, con el sistema de salud y las intervenciones en la comunidad para afrontar el futuro, abundó la también integrante de El Colegio Nacional.
Al participar en la conferencia “Importancia de la salud mental durante la pandemia”, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, la experta aseguró que 30% de la sociedad en algún momento de su vida presenta un trastorno. Si no hay atención médica, el costo social es elevado y el impacto sobre el Producto Interno Bruto resulta importante, ya que se trunca la educación, se presenta desempleo, ausentismo por enfermedad o pérdida de productividad, por ejemplo.
De igual forma, las personas con enfermedades mentales graves fallecen de 15 a 20 años más jóvenes que la población general, añadió María Elena Medina-Mora.
Más adelante, comentó que al concluir la pandemia se enfrentará un triple reto: la desesperanza, pobreza y violencia, cuya combinación reta la capacidad para atender esos padecimientos
Recordó que una proporción importante de quienes enferman lo hacen antes de llegar a la edad adulta (niños, adolescentes y jóvenes) y duran varios años con malestar si no tienen acceso a modelos de tratamiento que han sido exitosos, o de prevención, que han mostrado resultados benéficos. “El reto es llevar atención a las poblaciones que lo requieren”.
Para enfrentar la situación actual, consideró, hay que prevenir el aumento de la proporción de quienes desarrollan trastornos, proteger a quienes los tienen e implementar intervenciones de salud pública que permitan cuidar a los profesionales de la salud y a los cuidadores de los enfermos.
Se requiere que la desigualdad disminuya con políticas públicas. “Los determinantes sociales que aumentan la probabilidad de enfermedad deben atenderse al mismo tiempo que el padecimiento, porque el tratamiento médico, psicosocial y psicoterapéutico no es suficiente si no atendemos también las desigualdades”, destacó la universitaria.
Al abundar, la experta dijo: tenemos a favor que durante este periodo la enfermedad mental se ha vuelto muy visible y vemos una disminución del estigma. Esperamos que el aprendizaje de la pandemia nos permita dar una mejor atención a las personas que enferman.
La directora señaló que se ha aprendido que quienes sobreviven a la COVID-19 tienen diferentes manifestaciones: algunas presentan delirios, psicosis y trastornos neuropsiquiátricos graves, “no sabemos qué tan perdurables y es lo que necesitamos investigar”.
En cuanto a la relación del confinamiento con el deterioro cognitivo, subrayó que hay más preguntas que certezas. En cambio, se sabe que una persona que tiene insuficiencia respiratoria después de haber sido intubada en terapia intensiva tiene una puntuación de cognición menor que la media de la población, parecido a un Alzheimer leve. Este deterioro afecta a una cantidad importante de pacientes al momento de su alta, y un año después lo siguen teniendo.
Otros síntomas como dolores de cabeza, alteración de conciencia, convulsiones, ausencia de olfato y gusto, son comunes en etapas de la enfermedad. De igual manera, se ha pensado en otro tipo de complicaciones encontradas en autopsias de pacientes, pero “estamos a nivel de hipótesis”.
Otro sector importante es el de los jóvenes. De los 12 a los 17 años se presenta la mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y conducta disruptiva (comportamiento de tipo antisocial); son el segundo lugar en el aumento de consumo de drogas. Además, la prevalencia de trastornos mentales ha aumentado en la población de 18 a 26 años.
Al concluir, Medina-Mora Icaza consideró que entre las acciones que se requieren, están: las intervenciones que promuevan la salud; trabajar en la solución de conflictos sin violencia; mejorar las interacciones sociales (lo cual ha sido una gran pérdida para los niños y jóvenes que no van a la escuela); promover la tolerancia, además de evitar la discriminación y los estigmas.
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