En su informe anual sobre los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos fue incisivo en el señalamiento de los altos índices de impunidad que prevalecen en México, especialmente, en casos de violencia que son perpetrados por grupos del narcotráfico.
Las tasas de enjuiciamiento fueron catalogadas como “extremadamente bajas”, de acuerdo con datos abiertos de las propias instituciones mexicanas. El reporte abarca todos los delitos, incluidos abusos a las garantías universales.
De acuerdo con este informe, los grupos del narcotráfico tuvieron un impacto en el control territorial, limitaron la movilización y obligaron a situaciones de desplazamiento forzado interno. Además, fueron partícipes en asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas, con lo cual vulneraron libertades de expresión.
Aunado a esto, se detallan intervenciones de policías, agentes del Ejército y otros funcionarios gubernamentales en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y violencia contra personas vulnerables.
“La agencia federal de estadísticas del gobierno estimó que el 94 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se investigaron. Hubo informes de algunos agentes del gobierno que eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales y hubo bajas tasas de enjuiciamiento y condenas por estos abusos”, aseveró la publicación.
Tanto cárteles de la droga regionales y transnacionales, como pandillas locales, mantienen una ola violenta con homicidios, tortura, extorsión, secuestro, trata de personas, sobornos y amenazas.
“El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la gran mayoría permaneció impune”, sentenció el informe del Departamento de Estado.
En cuanto desapariciones forzadas por parte de grupos del narcotráfico, las autoridades de EEUU apuntaron sobre complicidades de funcionarios mexicanos. Para este ámbito, el reporte destacó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se generalizan casos de desaparición forzada con aquellos que no tienen indicios de serlo, lo cual dificulta identificar la magnitud precisa del problema.
Pese a que está prohibida la detención irregular y se establece el derecho de todas las personas para impugnar su legal aprehensión, el gobierno mexicano no cumplió, algunas veces, con esos requisitos. Por ejemplo, entre enero y agosto del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 132 denuncias de arrestos arbitrarios. Un promedio de 16.5 casos cada mes.
Por otra parte, los grupos del crimen organizado ejercieron una grave y creciente influencia en medios de comunicación y reporteros, pues persistieron las amenazas a represalias si publicaban opiniones críticas sobre estas facciones. El atentado no solo fue con periodistas tradicionales, sino con redactores web y blogueros.
Guerrero fue la entidad con más registros de amenazas por parte de grupos narcotraficantes. En esta entidad, por ejemplo, periodistas de Iguala recibieron mensajes vía redes sociales como Facebook y WhatsApp, de contactos desconocidos que les amenazaban a ellos y a sus familiares.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2019, México contabilizó 28 incidentes de desplazamiento interno forzado masivo debido a la violencia. Es decir, fueron obligadas a salir de sus localidades al menos 10 familias o 50 personas.
“Estos episodios ocurrieron en ocho estados y desplazaron a 8,664 personas. Un total de 16 de los episodios fueron provocados por la violencia generada por grupos armados organizados, como los cárteles de la droga”, apuntó el informe sobre Derechos Humanos de EEUU.
Human Rights Watch identificó en junio que solo en Tamaulipas, hubo al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría por organizaciones criminales, en los tres meses de noviembre de 2019 y enero de 2020.
Esos casos involucraron al menos 80 solicitantes de asilo secuestrados y 19 intentos de secuestro. Cuando menos había 38 entre los secuestrados o sometidos a intentos de secuestro.
En su narrativa política, el presidente López Obrador ha reiterado que en su gobierno no se violan Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas tienen órdenes de apegarse a las garantías individuales. Sin embargo, agravios contra migrantes han sido reiterados en el país. Este 29 de marzo reciente, por ejemplo, un soldado mexicano disparó y asesinó a un ciudadano guatemalteco en un retén militar de Motozintla, Chiapas. Luis Cresencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, dijo que el uniformado cometió una “reacción errónea” y ya estaba a disposición de la Fiscalía General de la República.
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