En una colaboración de tres dependencias federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) crearon la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Durante Procesos Electorales, la cual tiene como objetivo blindar todos los procesos electorales de financiamientos ilícitos.
En una conferencia de prensa celebrada este jueves 11 de marzo, José Ortiz Pinchetti, titular de la Fede; Raquel Buenrostro, jefa del SAT; y Santiago Nieto, director de la UIF, aseguraron estar velando por el bien público de México y el sano desarrollo de su democracia.
“El objetivo central es contar con la información para que las autoridades competentes supervisen, sancionen a aquellas ‘empresas fachada’ que no solamente dañan al fisco de nuestra nación, sino también dañan la calidad de los procesos electorales”, refirió Nieto Castillo durante su participación en la rueda de prensa.
De acuerdo con lo referido en la guía, el propósito del documento es “facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales”.
En este sentido, hicieron hincapié en el Artículo 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual señala que “se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
Por su cuenta, Raquel Buenrostro dijo que la prioridad es “facilitar la prevención y la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con los procesos electorales”.
Bajo esa óptica, los funcionarios públicos refirieron a ejemplos de favoritismo ejercidos durante la primera administración del Partido Acción Nacional (PAN) y el más reciente gobierno federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En específico se refirió al caso conocido como “Los amigos de Fox” y el de la “Operación Safiro”.
En la misma conferencia, el doctor Nieto Castillo informó sobre el caso Cuauhtémoc Gutiérrez y el de 23 mexicanos investigados en Andorra.
Respecto al primer caso, Nieto Castillo explicó que en un trabajo en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la unidad que dirige pudo bloquear 43 cuentas de personas tanto físicas como morales presuntamente relacionadas con la investigación.
“La fiscal Ernestina Godoy nos solicitó información. La encargada de la investigación en la Fiscalía en Combate a la Trata de Personas en la Ciudad de México, Laura Borbolla, nos solicitó también información que se les entregó en enero”, inició.
Finalmente, respecto al vínculo generado con el país europeo, el titular de la UIF no pudo precisar identidades ni especificar montos buscados, pero sí refirió que al gobierno del Principado de Andorra se le solicitó información de poco más de una veintena de personas para localizar posibles atentados al erario nacional.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados para obtener la información correspondiente”, dijo durante conferencia de prensa.
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