La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mandatario panista es acusado por su presunta participación en delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, de acuerdo con la solicitud enviada a la Cámara baja. Dicho documento fue compartido en redes sociales por el diputado federal de Morena, Ignacio Mier.

Se prevé que esta solicitud sea ratificada el próximo jueves 25 de febrero de 2021.

Cabeza de Vaca fue electo gobernador de Tamaulipas para el periodo 2016-2022; ha sido diputado federal, local y alcalde de Reynosa.

Qué implicaciones tiene esta solicitud

El desafuero es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.

La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad. Para ello la Sección Instructora deberá realizar una averiguación con todas las diligencias conducentes.

Los señalamientos de la UIF en su contra

Cabe recordar que en diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que preparaba una denuncia penal ante la FGR contra García Cabeza de Vaca, familiares y algunos colaboradores, por los delitos ya mencionados.

Según el semanario Proceso, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, realizó una investigación y encontró que sus ingresos no corresponden con los bienes y propiedades que posee, las cuales ascienden a los 140 millones de pesos, aproximadamente.

Son 82 millones 794 mil pesos, los que según la UIF, existen de diferencia entre lo que García Cabeza de Vaca ha obtenido a lo largo de su carrera política, con lo que tiene acumulado en ranchos y propiedades.

La denuncia comprendería a sus socios y empresas vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, en México y Estados Unidos.

Unos meses antes, durante una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se llevó a cabo en Reynosa, el gobernador de Tamaulipas se defendió de lo que llamó “ataques de sus adversarios” políticos en los que lo han señalado de corrupción, así como de recibir presuntos sobornos entregados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para aprobar la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sus presuntos nexos con el crimen organizado

En agosto de 2020 fueron revividos los señalamientos del gobernador Francisco García sobre una presunta vinculación con grupos del crimen organizado.

Y es que se difundió en redes sociales un video grabado en 2018 donde Raúl Eduardo Monge Castillo, actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, señala que el mandatario recibió dinero de grupos criminales para impulsar su carrera política.

Incluso, Monge Castillo aseguró que desde 2005, el hoy gobernador era apoyado económicamente para sus actividades proselitistas por líderes del cártel de Los Zetas, entre ellos Jaime González Durán, el ‘Hummer’, detenido en 2008 y quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

Además, sostuvo que para su campaña y para la de su hermano, el hoy senador Ismael Cabeza de Vaca, solicitó apoyo a líderes de otros cárteles, entre ellos Julián Manuel Loisa Salinas, alias el ‘Comandante Toro’, y José Rodríguez Sánchez, el ‘Gafe’, ambos ex líderes del Cártel del Golfo.

Es importante destacar que, en la fecha en que se hizo esta grabación, Monge Castillo, que entonces era titular de la Comisión Municipal de Agua Potable de Tampico, fue secuestrado por 40 días por presuntos integrantes del crimen organizado. En la grabación afirmó que durante su rapto fue obligado, bajo tortura, a realizar estas declaraciones, con la intención de afectar la imagen del gobernador.

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