La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría revocar permisos a grandes empresas y subiría el precio de los servicios, todo en favor de priorizar la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto podría afectar también a aquellas firmas que tienen permisos de autoabastecimiento, entre ellas Grupo Carso, empresa de Carlos Slim.
Sin embargo, el magnate mexicano no es el único afectado por esta posible reforma. En la lista también está Alfa, liderada por Roberto Garza Sada y otras compañías como Ternium, Ford. Continental, Bridgestone, Mabe, Bio Pappel, Heineken, Nestlé, PepsiCo, SuKarne, Bimbo, FEMSA, Kellogg’s y Hershey’s, pues todas cuentan permisos de auto suministro eléctrico, según el diario El Financiero.
En la propuesta del mandatario mexicano, no solo se prima a las plantas operadas por la CFE para que despachen primero la energía eléctrica, sino que presenta un escenario donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) rescinda los permisos de auto suministro cuando estos no sean aplicados para el consumo del permisionario.
El director de la firma consultora GMEC, Gonzálo Monroy dijo al periodista Axel Sánchez que las empresas también podrían presentar un incremento en los costos de la electricidad, un evento que les podría restar competitividad y evitaría que cumplan con los compromisos internacionales sustentables.
Advirtió que comenzará “una guerra de amparos”, pues el 12% del PIB mexicano viene de aquellas empresas que cuentan con abastecimiento.
Los sectores que concentran el 45% de los permisos de autoabastecimiento son las telecomunicaciones, la manufactura, alimentos, químicas y resinas plásticas y azucareros. En total, en el país se han otorgado 442 permisos de auto suministro de la CRE. Con estas nuevas medidas se podrían perder 26,735 millones de dólares en inversiones.
Incluso, instituciones como la American Chamber/México han invitado a los legisladores a reflexionar sobre la política energética que podría aplicarse en el país “bajo un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto de los compromisos internacionales”, según el medio mexicano.
Además, se recalcó que el Estado tiene la obligación de garantizar los principios de certidumbre jurídica y libre competencia. Incluso la Confederación de Cámaras Empresariales (Concamin) señaló que con esta iniciativa, López Obrador romperá su compromiso de no reformar el marco jurídico energético en los primeros tres años de su gestión.
La crítica sobre este tema también ha venido de fuentes internacionales como en el caso del Financial Times, medio británico que en el texto titulado “La peligrosa adicción de México a los combustibles fósiles” señalaron que la participación del sector privado en el mercado energético es uno de los “odios favoritos” de Andrés Manuel López Obrador.
Ante ello, el presidente propuso la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue calificada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como una “expropiación indirecta” que generaría un aumento de precio de todos los productos y servicios que se consumen en México.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó la propuesta con una mayoría de cuatro votos. Se declaró también la la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que considera que la iniciativa distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia”.
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