Porfirio Muñoz Ledo, ex candidato a la presidencia de Movimiento regeneración Nacional (Morena), solicitó a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que amplíe el periodo de investigación en contra José Luis Vargas Valdez, ministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El miembro histórico de la izquierda mexicana, por medio de una carta dirigida al apéndice de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso que en “ejercicio del Derecho de Petición”, solicita que se amplíe la investigación en contra del magistrado para que no sólo se le investigue del periodo 2018-2019, sino también en el 2019-2020 en el cual tuvieron lugar las elecciones internas de Morena.
Para argumentar su petición, el egresado de la UNAM especificó que el “tribunal intervino de manera decisiva en esa contienda mediante siete resoluciones (tres de ellas contradictorias) por las que determinó el curso del proceso a través de decisiones violatorias a los principios de imparcialidad e (sic) equidad que está obligado a respetar”.
Asimismo, solicitó que también se lleve a cabo una auditoría similar al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien indujo, de acuerdo con Muñoz Ledo, a resoluciones confusas. Como consecuencia de esto, el morenista dijo que las cantidades exorbitantes de recursos utilizadas por “uno de los candidatos” no fueron fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que no estableció un tope a los gastos de campaña.
Esto en virtud de que Porfirio Muñoz Ledo había señalado que Mario Delgado, actual presidente de Morena, realizó un gasto excesivo en propaganda para publicitar su imagen durante el periodo de campaña rumbo a la dirigencia nacional del partido político que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.
Y es que la UIF encontró que el magistrado presidente TEPJF tiene residencias en Miami (EEUU), Valle de Bravo (Estado de México), Lomas de Chapultepec y Polanco (CDMX), inmuebles cuyos costos no corresponden con sus ingresos anuales que ascienden a 2 millones 400 mil pesos.
Funcionarios que participaron en la investigación dijeron a Milenio que la UIF sí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez, pero al no tener acusaciones por ninguna autoridad extranjera, no tenía elementos para ordenar el bloqueo del dinero.
A pesar de que la UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin autorización o solicitud de la FGR; desde el 2019 que se concluyó la indagatoria, el caso de Vargas ha quedado en las manos de la Fiscalía.
El medio destacó que además, la UIF detectó depósitos en efectivo en la cuenta de Vargas hasta por 500 mil pesos, de los que no existe justificación alguna pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado.
Desde el año pasado, investigaciones periodísticas destacaron que en solo cuatro años (2013-2017), el entonces magistrado cuadruplicó sus ingresos.
Tan sólo en su primer año como Magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, Vargas Valdez, quien ha estado ligado a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), incrementó sus ingresos en un 54 por ciento, motivo suficiente para iniciar la investigación.
Finalmente, el político mexicano aprovechó la ocasión para plantear su ampliación ante Santiago Nieto.
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