El lunes por la noche, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez y el presidente López Obrador tuvieron una reunión con representantes de grupos empresariales, como Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.
El encuentro en Palacio Nacional, para discutir los pormenores de la reforma en materia de subcontratación, no llegó a una solución satisfactoria para ambas partes, pero fue reprogramado para este jueves. Por su parte, la Cámara de Diputados accedió a retrasar el debate legislativo sobre la reforma por otra semana.
De acuerdo con Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laboral y maestro en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad Anáhuac, aunque existe un diferendo sobre el tema, en el hecho de que el Ejecutivo haya accedido a buscar un acuerdo “hay una esperanza para matizar la reforma”.
El maestro Sales Boyoli comentó, en entrevista con Infobae México, que el discurso que ambas partes manejan sobre la reforma es desproporcionado en relación con el impacto real que tendría en el mercado laboral. “No es ni el infierno para el sector empresarial, ni el paraíso para los trabajadores”.
Según cifras de la firma legal Sales Boyoli, 4 millones 500 mil personas están empleadas bajo un esquema de subcontratación, y representan el 5 por ciento de la población ocupada, “es un número marginal”, explicó.
El sector empresarial está preocupado porque una eliminación radical de la figura puede causar una serie de despidos masivos y, en lugar de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores, haría crecer los índices de desempleo y de informalidad.
Y es que el texto actual de la reforma dice que la misma entraría en vigor un día después de su publicación, por lo que muchas empresas que se valen de la subcontratación no tendrían tiempo para regularizar sus operaciones frente al nuevo esquema. Contemplar el periodo de adaptación es una de las tres recomendaciones del maestro Sales para encontrar un punto de acuerdo entre la administración federal y la iniciativa privada.
La segunda recomendación tiene que ver directamente con el eje de la reforma. Las principales razones por las que las compañías han abusado de la subcontratación son la menor cotización en el IMSS, la evasión fiscal y el impago de utilidades. Jorge Sales recomienda replantear la fórmula para determinar el reparto de utilidades.
El abogado explica que el esquema actual es obsoleto porque considera principalmente la asistencia y no está basado en índices de productividad.
El último punto que, en su opinión, debería tener un lugar en la reforma es un régimen de excepción para pequeñas y medianas empresas. Las compañías que califiquen con ciertos criterios de planta laboral e ingresos, podrían acceder a la figura como un catalizador del crecimiento.
En cuanto a la voz que no participó en Palacio Nacional, Sales Boyoli reconoció que están en una situación frágil. Los trabajadores contratados por empresas de outsourcing temen que la reforma les cueste su empleo, “es su preocupación inmediata”, explicó el abogado. Dijo que, en cualquier caso, ellos no verán beneficios hasta dentro de unos años, cuando la crisis económica permita que las empresas perciban ganancias en el reparto de utilidades.
“El gran acierto del gobierno fue identificar los abusos sobre la subcontratación, pero no va a resolver los problemas de mercado laboral”, explicó. “Las relaciones laborales necesitan basarse en un modelo homocéntrico que privilegie la figura del trabajador como individuo. A partir de ahí se puede hablar de nuevos cauces para resolver conflictos”, concluyó el maestro Sales Boyoli.
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