La CNDH registró tres denuncias diarias contra fuerzas de seguridad en lo que va de 2020

Las instituciones más señaladas son el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR)

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(Foto: REUTERS/ ARCHIVO)
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene otros datos que revelan que la ciudadanía sigue acusando irregularidades por parte de las Fuerzas Armadas y elementos de seguridad pública.

Solo en 2020, se tiene registro de un promedio de tres acusaciones diarias por supuestas violaciones de derechos humanos. De enero a septiembre, la CNDH fue notificada de 864 quejas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de las demás dependencias de seguridad del nivel federal.

“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las violaciones a los derechos, no se terminan por decreto ni con cursos o manuales, como lo han intentado hacer”, dijo al diario mexicano El Universal David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, subrayando que dichos abusos se relacionan directamente con el tipo de formación que reciben las Fuerzas Armadas, basada en el entrenamiento para eliminar a un enemigo.

(FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Las quejas por las que esas instituciones son señaladas son detenciones arbitrarias y uso arbitrario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgresión a los derechos de las mujeres, desaparición forzada, privación de la vida, retención ilegal, toma de bienes sin consentimiento del los dueños, irregularidades en las órdenes de cateo, omitir el brindar protección y auxilio, así como la imputación indebida de hechos.

Por otro lado, entre las 10 instituciones más demandadas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, se encuentran el Ejército, la Guardia Nacional y la FGR con 237, 209 y 203 quejas, respectivamente.

Dicho diario indica además que, especialistas a los que consultaron, coinciden en que tales abusos continúan sucediendo porque las instituciones de seguridad son las principales encargadas del combate a la delincuencia, incluso sin tener la formación que se requiere para llevar a cabo esas funciones.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

La comisión también apunta que dichas quejas se registran en 309 municipios del país.

En la capital mexicana se encuentra el lugar con más quejas en lo que va de 2020, 36, y es en la alcaldía Cuauhtémoc. Después le siguen las alcaldías de Miguel Hidalgo; el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua; en la frontera Tijuana, en Baja California; luego de nuevo en Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón; el municipio de Tapachula, en Chiapas; la capital de San Luis Potosí, de mismo nombre; Puebla, Puebla; mientras que en Guanajuato en los municipios de Irapuato, Guanajuato y León.

Contrario a los dichos del gobierno federal, en lo que va de la actual administración la tendencia de violaciones a derechos humanos por parte del Estado se ha mantenido. Por hacer una idea, en 2019 ese tipo de denuncias aumentaron un 17% respecto a las registradas en 2018.

Elementos de las fuerzas armadas
Elementos de las fuerzas armadas resguardan la zona de Caborca (Foto: Twitter/PespSonora)

También consultada por El Universal, Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos, señaló que, hasta ahora, el gobierno federal ha mantenido una “política fallida” en temas de seguridad pública, y coincidió en que es porque está basada en el uso de la fuerza.

“Este año nos fue bastante mal y no tengo la esperanza de que esto mejore, sino todo lo contrario. La violencia no ha parado, las ejecuciones y las desapariciones siguen, hay un endurecimiento en las leyes respecto a la prisión preventiva oficiosa y tenemos una Guardia Nacional que claramente es militar”, advirtió.

Además, agregó que la poca capacidad de las fiscalías para llevar a cabo investigaciones, es un caldo de cultivo para este tipo de abusos. “Debemos tener un sistema de procuración de justicia que funcione, tener una policía de proximidad y no solamente militarizada, una política integral de bienestar para garantizar empleo, educación, salud y cohesión social, pero desgraciadamente no hay nada de eso”.

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