El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría preparando un nuevo golpe mediático para seguir evidenciando a la “mafia del poder” y la corrupción de administraciones anteriores.
De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, reveló en su columna de El Universal que “fuentes de primer nivel” aseguran que en Palacio Nacional estaría "fraguándose la confesión del abogado Juan Collado, conocido como el abogado del poder político en México, quien se encuentra preso desde julio de 2019.
Para ello, el gobierno tiene contacto con la defensa legal de Collado Mocelo, encabezado por Juan Araujo. El planteamiento del gobierno es que, a cambio de ser dejado en libertad, Collado entregue dinero y firme una declaración política en la que relate “cómo se orquestó el fraude electoral de 2006”, explicó una de las fuentes al periodista.
Loret de Mola señaló que el relato de Collado haría énfasis en el episodio de los videoescándalos de 2004, cuando el empresario Carlos Ahumada grabó a varios integrantes del primer círculo lopezobradorista mientras les daba dinero en efectivo, entre ellos, su exsecretario particular, René Bejarano.
El objetivo de esta declaración ministerial -destacó Carlos Loret de Mola- es validar la postura de Andrés Manuel López Obrador de que fue víctima de una conspiración fraudulenta que le arrebató la Presidencia en el 2006. Qué nombres incluir y bajo qué acusaciones, es parte también de lo que se está consensando entre las partes.
A Juan Collado “se le congelaron más de 80 millones de dólares en Andorra, y parte de la negociación es saber cuánto tendría que depositar al gobierno federal asumiendo que se trata de fruto de actos de corrupción que salpican (a) toda la era PRIAN (como dice el presidente AMLO), que incluye los sexenios desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto”, escribió el columnista.
Loret de Mola concluyó su columna asegurando que entre las cosas que se están terminando de negociar es que el arreglo entre Palacio Nacional y Juan Collado tenga el visto bueno de la Fiscalía General de la República.
A inicios del pasado mes de septiembre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que a través de Juan Collado, se habrían desviado 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, para “cumplir” un compromiso que el exgobernador de la entidad César Duarte, tenía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con Corral Jurado, César Duarte Jáquez buscaba la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que quería el impulso del ex presidente .
“El exgobernador quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser Presidente de la República”, reveló expresó Corral en un espacio semanal en un canal local.
Agregó que César Duarte y Salinas de Gortari acordaron sacar recursos a través del abogado, quien se encuentra preso desde hace más de un año en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
“Convinieron sacar recursos, por la vía de este abogado. Quiero decirte que el modelo operó en otros estados. Lo mismo. Él hacía lo mismo con otras entidades. Nosotros hemos pasado información a otros estados por si quieren tomar cartas en el asunto”, afirmó.
Javier Corral señaló que con esta imputación se demostró cómo se desviaron los recursos mediante contratos simulados de servicios profesionales en materia jurídica.
"Por supuesto que no hubo ningún servicio, todo era simulado, como fueron muchísimos. “Esta es una investigación en la que los fiscales del Estado de Chihuahua han demostrado cómo se desviaron recursos públicos mediante un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, pero que en realidad obedecían a un compromiso que tenía el ex Gobernador de Chihuahua con Carlos Salinas de Gortari, el ex presidente de México”, aseveró Javier Corral.
El pasado 10 de octubre, el Quinto Tribunal Colegiado negó un amparo a Juan Collado por las acusaciones de presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, por lo que sigue preso en el Reclusorio Norte, en donde se encuentra desde mediados de 2019, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Todo se derivó de la denuncia del empresario queretano, Sergio Bustamente, quien aseguró que la sociedad “Libertad Servicios Financieros”, se apropió de manera ilegal de un terreno (propiedad de Bustamante), ubicado en el estado de Querétaro, con un costo de 24 millones de pesos.
Bustamante señaló también que los verdaderos dueños de Caja Libertad eran los ex presidentes priístas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del actual gobernador Francisco Domínguez y el político Mauricio Kuri.
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