Durante 2019, en el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Liconsa dejó de repartir leche subsidiada a más de 478,000 mexicanos en situación de pobreza, además incrementó 150% el precio del litro y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial.
Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de la propia Liconsa reveló que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5,871,236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6, 350,000 beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto. Es decir, se quedaron sin leche a más de 478,000 mexicanos.
En 2010 el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios y en 2013 llegó a un récord de 6,490,000, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación, lo que significó que la cobertura en 2019 fuera la más baja en una década.
Los directivos de Liconsa habían fijado como meta suministrar en 2019 leche a precio subsidiado a 3,829,000 mujeres pero sólo se atendió a 3,466,000, con lo que se dejó fuera a 363,000, según cifras de la auditoría interna efectuada a la Dirección de Operaciones de Liconsa.
La investigación desarrollada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) arrojó que la revisión refiere que tan sólo en 12 centros de distribución del país se recortó del padrón a 983,000 personas que antes recibían leche y, en contraste, se dio de alta a otras 756,000.
Esto significó la pérdida -tan sólo en esos 12 estados- de 227,000 beneficiarios del padrón de cobertura.
La baja de beneficiarios es un procedimiento para depurar y actualizar el padrón, con lo que reducen el riesgo de malas prácticas o irregularidades. Pero la política de Liconsa es que las bajas se deben compensar con la alta de otras familias en pobreza.
El 20 de marzo de 2020, la titular del órgano interno de control de Liconsa, Blanca Leticia Ocampo, envió un oficio al director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez, en el que le reportó las inconsistencias detectadas en los reportes del uso de las tarjetas de beneficiarios y en los indicadores del programa de abasto de leche subsidiada.
Posteriormente, en un oficio enviado el 8 de junio de 2020 al mismo órgano interno, la Subdirectora del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, Olivia García, aseguró que se habían aplicado medidas para corregir las fallas detectadas por la auditoría y cumplir con la meta de cobertura. Como parte de esas acciones se programaron visitas de supervisión a cada centro de Liconsa, pero éstas tuvieron que ser suspendidas por la pandemia del COVID-19.
Tras los hallazgos de la auditoría por irregularidades en el abasto trascendió la renuncia al cargo de director de Finanzas, René Gavira, responsable de asignar presupuesto para la adquisición y el reparto de la leche.
Además de atender a menos personas, el Consejo de Administración de Liconsa decidió a mediados de 2019 incrementar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país.
El precio del litro a esos municipios era de 1 peso y a partir de julio de 2019 se elevó a 2.50 pesos, un incremento de 150%, según el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 352 del 11 de junio del año pasado.
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