Desde hace algún tiempo pienso que la gran diferencia entre los sistemas de justicia de México y Estados Unidos radica en que nuestros vecinos, en términos generales, confían en sus autoridades. En su policía, sus fiscales y en sus jueces. Sin embargo, en México, esa confianza se ve muy pocas veces.
La gente común en Estados Unidos piensa que sus autoridades hacen lo que resulta mejor para su comunidad. En México, por otro lado, es frecuente que se piense que las autoridades favorecen intereses particulares (propios o ajenos) antes que velar por el interés general.
Hoy con el caso de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República se encuentra frente a dos grandes retos: escoger la mejor estrategia jurídica ante uno de los casos de corrupción más grandes de tiempos recientes y convencer a la sociedad de que la decisión que tome es la correcta.
De acuerdo con la poca información que ha hecho pública la FGR, se sabe que a Lozoya se le aplicará un criterio de oportunidad. Esta figura permite que el Ministerio Público no acuse a una persona cuando esta aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave, siempre y cuando repare el daño que haya causado.
Sin embargo, los términos en los que esto ocurrirá no han sido aclarados aún.
¿Cuál es el monto que deberá pagar o garantizar Lozoya como reparación del daño? Porque si le acusa de haber pagado sobornos millonarios y de haber recibo grandes beneficios para autorizar la compra de una planta de fertilizantes a un precio mucho mayor a su valor real, no sería bien visto por la sociedad que Lozoya sólo pagará una suma simbólica y pudiera disfrutar en libertad de esos bienes, que se dice, fueron mal habidos.
¿Qué pasará con la madre, esposa y hermana de Lozoya, que hoy están sujetas a proceso? La ley permite al Ministerio Público no acusar a la persona que le proporcione la información para perseguir un delito más grave pero no a sus familiares, a quien hasta hoy, la FGR ha sostenido que tiene datos de prueba suficientes para procesarlas penalmente.
¿Cuáles son esos graves delitos respecto de los que va a dar información? ¿Aún podrán ser sancionables después del tiempo que ha transcurrido hasta ahora? Es decir, ¿no han prescrito?
¿Los probables responsables de esos delitos son de todos los partidos políticos como se cree? ¿O sólo son de los partidos de oposición?
La FGR debe diseñar la mejor estrategia jurídica para el bien del país pero también tiene que explicar de cara a la sociedad porqué se dejó de procesar a una persona sobre la que pesan muy serias acusaciones, en aras de sancionar a otros que, teóricamente, han cometido delitos más graves.
Si no lo logra, la Fiscalía General de la República comprometerá la credibilidad del sistema de justicia penal ante a la sociedad que todos los días reclama justicia, seguridad y paz.
*Penalista.
Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio.
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