“El primer capo del vicio”: quién es el coronel del ejército que puso impuestos al opio para financiar su gobierno

Entre las historias poco conocidas del narcotráfico en México está la de un hombre identificado como Esteban Cantú Jiménez, un coronel del ejército que en 1915 asumió el cargo de jefe político y militar del Distrito Norte del Territorio Federal de la Baja California, en la frontera con Estados Unidos.

El escritor Dan Slater describe a Cantú como un militar que antes de haber asumido este cargo, había iniciado una campaña contra los indios yaquis en Sonora y posteriormente había tomado el control del valle de Mexicali, que entonces era un destino muy solicitado por estadounidenses.

En su libro “Narco en la frontera adolescentes al servicio de Los Zetas”, Slater lo califica como “El capo original” y “el primer capo del vicio en México”, ya que de acuerdo con sus investigaciones fue quien “innovó” un rol que existía en el país desde hacía años: el tráfico de drogas.

Datos de Slater y de investigaciones académicas, señalan que el coronel fiscalizó la producción y el expendio de licores, las actividades de los prostíbulos y casinos, así como del comercio de opio para solucionar las carencias económicas que había dejado en la zona la revolución mexicana.

“El impuesto de patente a fábricas de opio ‘legalizó el procesamiento, la distribución y el consumo, y estableció las respectivas obligaciones fiscales’. De esta manera, ‘la actividad de los fumaderos de opio, así como el procesamiento y empaque del narcótico, que tenía lugar en locales semiclandestinos que operaban en el Distrito, fue legalizada’. Esto a pesar que ‘hasta antes de esa fecha, China y México habían firmado acuerdos internacionales que regulaban el comercio de opio’ y que, desde 1912, el Consejo Superior de Salubridad de México había impuesto restricciones a la importación y exportación de ese producto, además de una prohibición a fumarlo”, señaló Zinnia V. Capó Valdivia, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en el documento “Clandestinidad, fiscalidad y tolerancia: el opio en el discurso oficial, Mexicali, México 1915-1916”.

El documento de la investigadora señala que durante el primer año en que se implementaron los cobros, 44% de lo recaudado por el municipio de Mexicali fue “originado por la vía de la tolerancia”, es decir, provenía de gravámenes a diferentes aspectos del rubro del opio.

“A las ‘fábricas’ que importaban, exportaban y procesaban opio, por ejemplo, se les impuso un cobro mensual, pagado por adelantado, de 1, 000 pesos para los establecimientos que ‘purificaban’ más de 250 kilos mensuales, y de 500 pesos para aquellos que procesaban una menor cantidad. También se cobró por importar opio. Las cuotas diferenciaron entre un producto ‘purificado’, ‘medio purificado’ y ‘en greña’”, según Capó Valdivia. 

“El capo original”

En su libro, Slater menciona que Cantú integró un equipo de 1,800 hombres para controlar la seguridad en Mexicali, que entonces era conocida como “la zona roja” por el flujo de mercancías ilegales que pasaban por el territorio.

Con su esquema que llamaba “impuestos al vicio” logró que un sindicato que comerciantes chinos de opio le pagara USD 45,000 al mes, mientras que casinos como El Tecolote Gambling Hall, le reportaban pagos por solo USD 10,000 en el mismo periodo.

“Estos impuestos, en opinión de Cantú, moralizaban el vicio: mantenían la seguridad en el negocio prohibido, financiaban obras públicas y educación, y libraban al sector turístico de su dependencia del gobierno central de la Ciudad de México que era corrupto e inútil”, según el libro de Slater.

En 1920 concluyó la administración de Cantú Jiménez quien durante toda su gestión mantuvo el impuesto al opio que iba de 1.50 a 100 pesos por kilo. A pesar de las fuertes ganancias que reportaban para la hacienda pública, el gravamen al vicio desapareció y con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, un mexicano, llamado Juan Nepomuceno Guerra, se convirtió en el principal traficante de alcohol y drogas de México.

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