
Este lunes se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las reformas a partir de las cuales la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, podrá modificar el presupuesto de la capital sin notificar al Congreso local en caso de una emergencia sanitaria, como la de COVID-19 que se vive actualmente, o un desastre natural.
Los cambios que se realizaron fueron la adición del artículo 23 Bis y modificaciones en el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, los cuales establecían que era necesaria la aprobación del Congreso para efectuar modificaciones presupuestarias superiores a 10% del monto total.
“Cuando la disminución en los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación se presente de manera concurrente con una emergencia, la persona titular de la jefatura de gobierno, por conducto de la secretaría, únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, aplicará medidas de disciplina y equilibrio presupuestario”, se puede leer en el documento.
De acuerdo con el oficio, la reorientación de recursos públicos podrá obtenerse a partir de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, las cuales deberán reducir su presupuesto de egresos en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población y así no afectar el interés social y público de la ciudad.

Es importante mencionar que los poderes Legislativo, Judicial, así como los Órganos Autónomos deberán coordinarse para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales, las adecuaciones al presupuesto. De no llegar a un acuerdo, la mandataria deberá enviar al Congreso la iniciativa con el monto a reducir y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinará su aprobación en un plazo de 15 días.
Además, se estipuló que para efectuar los movimientos, será necesaria una política de austeridad republicana, transparencia y rendición de cuentas. Para ello se estableció que deberá realizarse un informe trimestral donde se explique a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes.
Este asunto ha generado importantes críticas por parte de la oposición, la cual ha llamado a esta reforma la “Ley Sheinbaum”. De acuerdo con el coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, se busca “que nunca sepamos cuánto se cayó la recaudación y tampoco sepamos adónde se va a dirigir el dinero público, esa es la intención”, dijo al diario Milenio.
Además, apuntó que con esta reforma “están utilizando perversamente la emergencia sanitaria para ganar discrecionalidad, para ejercer arbitrariamente los recursos, para que no haya discusión pública en el proceso de discusión del presupuesto”.

Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, puntualizó que a partir de esta medida se mutila al órgano legislativo y se le quita la posibilidad a los representante de observar en qué se gasta el dinero. “Nos quedamos a la espera de que el gobierno expusiera las razones de su propuesta, así como la información detallada de la caída en los ingresos y el redireccionamiento del gasto”, apuntó.
Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo mencionó que no tendría la necesidad de realizar el recorte forzoso a las dependencias, alcaldías u órganos autónomos, pues más bien apelan a “la solidaridad y al entendimiento de la situación que estamos viviendo”.
Sin embargo, advirtió que el mayor esfuerzo presupuestario será por parte del gobierno central e incluso vaticinó que el recorte a las alcaldías de la capital podría ser del 8%, aunque todavía se mantienen en pláticas para determinar esta situación.
Cabe recordar que esta propuesta enviada por la misma Sheinbaum a finales de mayo fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México el viernes 19 de junio con 38 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstinencias.
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