Durante el regreso a las actividades por la nueva normalidad, los empleados que salen a la calle podrían contraer COVID-19. Al no ser considerado como enfermedad de trabajo, los contagiados no podrían acceder a una incapacidad. Por ello, la Secretaría de Salud (SSa) tocó este tema durante su reunión con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud (UNTS).
Entre los seis acuerdos alcanzados el día de ayer, se encuentra que el SARS-CoV-2 sea considerado como un riesgo de trabajo, planteamiento que se hará llegar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Además, se gestionará ante el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) apoyo para que se puedan entregar insumos de protección personal a diversos estados de la República.
“Los miembros de dicho organismo, provenientes de diferentes instituciones del sector Salud y de los estados de México, Baja California, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Ciudad de México, presentaron un documento en el que solicitan, entre otras cosas, que las unidades médicas cuenten con abasto de insumos y equipo de protección personal para atender la pandemia del COVID-19”, informaron en un comunicado.
En la reunión, que duró más de cuatro horas, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, reiteró que uno de los objetivos de la actual administración es hacer efectivo el Artículo 4º Constitucional que se refiere al derecho a la salud, garantizando a toda la ciudadanía el acceso a medicamentos gratuitos y a atención médica.
Acompañado del director de Relaciones Laborales, Luis Norberto Castillo Flores, “se comprometió a entablar comunicación con autoridades de salud en los estados para revisar el abasto de insumos, ya que las secretarías estatales de Salud están descentralizadas, con lo cual tienen autonomía técnica y de gestión para administrar sus recursos humanos, materiales y financieros”.
Entre los puntos que discutieron para darles seguimiento se encuentra una solicitud al Insabi para que se suministren los insumos adecuados de protección personal en los estados y unidades médicas como pruebas para detectar COVID-19.
También buscarán conciliar con los secretarios de Salud los casos en donde se hayan dado de baja a trabajadores de la salud para descartar cualquier tipo de represión, si existiera.
Otro de los puntos es presentar ante el Insabi los planteamientos de la UNTS sobre las condiciones en que se debe realizar el proceso de basificación del personal eventual.
Además, otro rubro señala que las unidades correspondientes entreguen a la UNTS el listado de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que fallecieron durante este periodo de contingencia sanitaria.
Por último, plantean que “se remitirá de forma inmediata la gestión de los acuerdos a las entidades correspondientes.”
Será el próximo primero de julio cuando las autoridades sanitarias se vuelvan a reagrupar para dar seguimiento a los acuerdos de esta reunión, no sin resaltar la importante labor de los trabajadores de salud.
Cabe recordar que el pasado 23 de mayo, el titular del IMSS, Zoé Robledo, declaró que el coronavirus no sería considerado como enfermedad de trabajo, al ser más bien enfermedad de contagio comunitario.
Por lo tanto, el IMSS no tendría la obligación de dar incapacidad a los trabajadores que se contagiaran del virus, ya que no se podría comprobar que fue mientras realizaba sus labores dentro de la empresa.
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