FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

En mayo de 2013, Magdalena Saavedra, una mujer originaria de San Luis Potosí de 52 años de edad, fue víctima de atrocidades a manos de elementos de la Marina mexicana: fue violada analmente de manera tumultuaria además de recibir descargas eléctricas en la vagina. El objetivo: que se declarara culpable de ser operadora financiera del Cártel del Golfo.

Tuvo que hacerlo luego de los marinos la amenazaron con que si no firmaba lo que le pusieran enfrente, le harían lo mismo a su hija.

El caso de Magdalena, expuesto por el diario El Universal, es una muestra de las llamadas “técnicas de investigación” para que los detenidos se declaren culpables de los cargos que se les imputan.

En México, esta “técnica” es una constante: casi la mitad de las personas que se encuentran encarceladas dicen haber sido víctimas de tortura.

Magdalena Saavedra fue torturada de manera salvaje por elementos de la Marina para que se declarara culpable de ser operadora del Cártel del Golfo. (Foto: especial)
Magdalena Saavedra fue torturada de manera salvaje por elementos de la Marina para que se declarara culpable de ser operadora del Cártel del Golfo. (Foto: especial)

Para combatirla, el 26 de junio de 2017 se promulgó una nueva legislación. De acuerdo con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ésta contaba con las mejores prácticas internacionales.

Una de ellas era la creación -en un máximo de 90 días- de una fiscalía especial “con plena autonomía práctica y operativa” en cada estado. Pero 20 meses después, sólo 10 de las 32 entidades han cumplido con la ley.

El diario destaca que el caso de Magdalena, cimentado sobre recomendaciones e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); es una muestra de más de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recriminó a México en mayo de 2019: “(Hay) una muy alta incidencia de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación, durante el arresto y las primeras etapas de detención”.

De acuerdo con solicitudes de transparencia, sólo Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas; han creado las fiscalías especializadas contra ese delito. En otras 10 entidades hay unidades especializadas con dependencia jerárquica y en las 12 restantes no hay ninguna institución de este tipo.

Toques en la vagina

Ocho de cada diez mujeres reclusas sufren tortura sexual según el Inegi (Foto: especial)
Ocho de cada diez mujeres reclusas sufren tortura sexual según el Inegi (Foto: especial)

“Me trataron peor que a los animales. Me pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarme, tres veces, hasta que me desmayé. Me desperté por los golpes, por las patadas. Me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que era pura grava. Allí empezó la tortura fuerte, los toques eléctricos. Me desnudaron completamente, me sentaron en una silla, me abrieron de piernas y me metieron el aparato dentro. Es algo indescriptible” (sic), recordó Magdalena.

“Cuando me violaban de forma anal, me dijeron que si no firmaba unos documentos que me daban iban a ir con mi hija, le iban a hacer lo mismo (que a mí) y la iban a matar”, dijo.

Magdalena firmó y se inculpó de los delitos de acopio de armas de fuego, contra la salud por venta de cocaína, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras cinco años encarcelada, Magdalena logró una sentencia absolutoria en noviembre de 2018, en la que se resaltaba lo inverosímil de las pruebas aportadas por los elementos aprehensores. Desde entonces, la mujer tiene disociaciones y no puede trabajar.

Colectivos en contra de la tortura extrajudicial se manifestaron sobre la lateral de Paseo de la Reforma frente a la entonces Procuraduría General de la República, para exigir el cese total a estas practicas por parte de la autoridad. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO
Colectivos en contra de la tortura extrajudicial se manifestaron sobre la lateral de Paseo de la Reforma frente a la entonces Procuraduría General de la República, para exigir el cese total a estas practicas por parte de la autoridad. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El Universal señala que aunque Magdalena logró que pusieran una denuncia en su nombre ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR) en octubre de 2013, asegura que su caso no ha avanzado casi nada en estos seis años.

“Esa gente es malvada… Los que me hicieron esto ya deberían de estar encerrados. Yo ya debería tener un pago del daño. Saber que esa gente está inmune me genera una frustración y un coraje enorme, pero no pienso quitar el dedo del renglón” (sic).

“Si lo que estoy haciendo sirve para que una sola mujer no tenga que pasar por lo que pasé yo, ya estoy bien pagada”, afirmó.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define que la tortura es un delito que sólo pueden cometer los Estados y el cual supone producir a un ser humano daños graves, físicos o sicológicos, tratos crueles e inhumanos con el objeto de obtener información, que se declare culpable de delitos que no cometió o como elemento en contra de disidentes o luchadores sociales.

“En México, mucha de la tortura la cometen los ministerios públicos en las fiscalías”, explicó Natalia Pérez Cordero, Investigadora de Derechos Humanos en la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C, quien también forma parte del observatorio contra ese delito, Sintortura.org.

“La ley marca la creación de fiscalías especializadas para los casos de tortura. Tienen que ser independientes, para que los ministerios públicos que investigan a otros servidores públicos no tengan vicios ni haya ninguna autoridad o superior que les pida hacer algo que vaya contra su investigación”.

Tortura contra Carlos Canto Salgado por el caso Ayotziznapa (Foto: Captura de Pantalla)
Tortura contra Carlos Canto Salgado por el caso Ayotziznapa (Foto: Captura de Pantalla)

En opinión de Pérez Cordero, la ley de junio de 2017 es correcta, pero el problema es la falta de cumplimiento y no solo el tema de las fiscalías especializadas. “El número de ministerios públicos y de peritos es bajo, lo que hace que se retrasen las investigaciones”.

Según sus datos, a escala federal y entre 2019 y 2020, se destinó 1,250,000 pesos al tema, menos de 5% de lo que se otorga a la investigación de la delincuencia organizada. Para ella, estas deficiencias presupuestales explican que entre 2014 y 2018 se iniciaran 9,998 investigaciones federales por tortura, con sólo 33 sentencias.

Otro de los incumplimientos de la ley tiene que ver con los registros del delito de tortura en los estados, los cuales deberían contar con datos determinados y alimentar un registro nacional que centralice toda esta información.

Para ello, la ley concedió 90 días de plazo, pero más de dos años después, sólo tres entidades -Querétaro, Oaxaca y Coahuila- han cumplido.

Otros 13 estados tienen registros, pero no cumplen con las especificaciones de la ley. En 14 estados, según los datos disponibles, no hay nada.

La tortura es un problema que en México, de acuerdo con datos oficiales, es generalizado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016, señala que el 58% de los arrestados fueron incomunicados; 5.2% amenazado con cargos falsos; 46% desnudado y 40% fue atado y vendado de la cabeza.

Un tercio fue presionado para denunciar a alguien más y el mismo porcentaje fue asfixiado. Si México tenía en ese momento 210,000 presos, ese porcentaje supone 75,000 detenidos que fueron asfixiados.

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