La debilidad del Estado para combatir al crimen organizado quedó de nuevo en evidencia el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, cuna del cártel con el que Joaquín “El Chapo” Guzmán —hoy encerrado a cal y canto en EEUU— construyó un narcoimperio.
La detención y posterior liberación de uno de sus hijos, Ovidio Guzmán, “El Ratón”, la precipitación de un operativo y los argumentos confusos de las autoridades de seguridad, develan la falta de rumbo a la hora de poner freno a la violencia que consume al país.
Entre la sucesión de fatalidades para la estrategia de seguridad gubernamental se encuentra un video que circula en redes, donde se muestra que en medio del operativo para detener al primogénito de Guzmán Loera, militares y sicarios se saludan.
El hecho ocurrió en adyacencias de la caseta Costa Rica, al sur de Culiacán que era controlada por los presuntos narcotraficantes, que rodearon a un puñado de militares que cuidaban un vehículo con combustible. Los soldados están adscritos al Plan DN-III.
De acuerdo al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, fue en este lugar donde se toparon con un retén de gente adicional armada: “ahí retienen a un oficial, cuatro de tropa, un vehículo y armas, que posteriormente son regresados sin lesiones”, señaló.
En el clip no se observa ningún uso de la fuerza, sino más bien un saludo cordial de uno de los hombres que llevaba un fusil y vestía camiseta negra. Otro gatillero con casco color verde y chaleco blindado se acerca y conversa con los militares.
El operativo para capturar a Ovidio Guzmán obedecía a una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos; sin embargo, la captura no pudo concretarse por la precipitación y la nula comunicación con mandos superiores, además de la falta de previsión sobre las reacciones del Cártel de Sinaloa.
El saldo de las fallas tuvieron como consecuencia a la población civil: un fallecido, 19 bloqueos de diferentes vialidades, 14 agresiones con armas de fuego a elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
La noche del viernes, al menos 230 efectivos federales y militares de la Ciudad de México y la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, fueron enviados a Culiacán, luego del operativo fallido para capturar al hijo del Chapo.
Los elementos arribaron para garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes vivieron tres horas de pánico durante las balaceras del pasado 17 de octubre.
Los oficiales enviados no tienen instrucciones de confrontar al Cártel de Sinaloa, sino de implementar un cerco de seguridad en la ciudad para devolver la rutina a comercios y al transporte público.
Además, el cuartel general de la novena zona militar, el C4 y el puesto de vigilancia de Limón de Ramos, que fueron atacados durante la refriega, también se reforzaron en seguridad.
Una vez que los oficiales desactivaron el operativo en contra de Ovidio Guzmán, regresó una relativa tranquilidad en la ciudad de Culiacán.
Los últimos días han sido ilustrativos del desnorte en la estrategia para poner fin a la inseguridad en el país. A principios de semana, Alfonso Durazo aseguró que se había producido un punto de inflexión en las cifras de homicidios dolosos. Esta misma semana, al menos 13 militares murieron en una emboscadas del CJNG en Michoacán, pocos días después 14 civiles y otro uniformado murieron en una balacera en Iguala, Guerrero, en un episodio que las autoridades continúan investigando.
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