
En México, el deterioro en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ha sido producto de la corrupción. De acuerdo con el estudio, "Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México", el 22% de la población encuestada ha dado u ofrecido sobornos; sólo tres de cada 10 han denunciado algún acto de corrupción; y 59% de los consultados está inconforme con el servicio de agua.
El estudio, realizado por Jorge Arriaga Medina, coordinador Ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica (instancia bajo auspicio de la UNESCO), arrojó que una parte importante de la población ha dado alguna "mordida" a cambio de algún favor.
El valor promedio del soborno ciudadano asciende a 200 pesos, y se destina a recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago, y hasta por una o varias conexiones para poder contar con el líquido.
"Aunque aparenta ser una cantidad modesta, 200 pesos es demasiado para personas en sitios marginados del país, y son éstas las que resienten en mayor proporción el deterioro en la calidad del servicio", expuso Arriaga.

Al presentar su trabajo, en el marco del Coloquio "Agua para una ciudad sostenible", convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), afirmó que entre 21 y 30% del presupuesto para este subsector, destinado al final de la administración federal pasada, se malversó y no llegó a su destino.
Además, las pérdidas económicas del sector en el último año del sexenio pasado, provocadas por dicho desvío, ascienden a entre 7.3 mil y 10. 4 mil millones de pesos.
Tras su investigación, el también maestro en tecnología ambiental con especialización en agua por el Imperial College London de Reino Unido, y diplomado en integridad por la Universidad Mykolas Romeris de Lituania, en coordinación con Transparencia Internacional, concluyó que la corrupción en este ámbito es sistémica.
"Hubo colusión entre servidores públicos y contratistas, e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del sector y falta de información pública".

Por ello, se requieren mejores recursos humanos, funcionarios con servicio profesional de carrera, el diseño de un marco jurídico de cumplimiento claro, sensibilización de la ciudadanía y un nuevo diseño de integridad, rendición de cuentas y mayor participación.
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En el estudio se integró un análisis del sistema de gobernanza, se revisaron 17 instrumentos internacionales sobre corrupción y se recabaron opiniones autorizadas de múltiples expertos de los sectores académico, gubernamental y de la sociedad civil, con más de cinco años en una posición directiva.
De igual manera, para analizar la corrupción a pequeña escala y contar con la percepción, opinión y experiencia de primera mano, se aplicaron entrevistas a 617 usuarios de 28 estados de la República.
Crisis de agua en el país

La falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en las zonas marginadas de las grandes ciudades. Además, de las personas que sí reciben el líquido, alrededor del 30% no lo obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente.
Se calcula que el 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable, es decir, entre 12.5 y 15 millones de personas.
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Aunque en 2012 se incluyó en la Constitución Política de México el derecho humano al agua, en realidad es una promesa gubernamental que no se cumple. Lo que se resume en una distribución del recurso hidríco de manera desigual.
El problema se profundiza con la malas políticas públicas para tratar el líquido. De los 653 acuíferos de México, 195 están sobreexplotados. Para evitar esta condición, el país necesita potenciar una política de reutilización del agua; y es que en el país solo de trata la mitad del líquido, cuando lo ideal sería hacerlo en un 90 por ciento.
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