Desecharon iniciativa que obligaba a funcionarios a hacer públicos los saldos de sus cuentas bancarias

Declarar los saldos de las cuentas bancarias e inversiones ya no será obligatorio para los funcionarios mexicanos, pues el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó que los políticos  den a conocer datos personales por la inseguridad en el país.

En la segunda sesión extraordinaria 2019, el comité "desechó" la propuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que determina que los servidores públicos deberán actualizar cada año sus saldos bancarios. 

La sugerencia fue invalidada con cuatro votos en contra y tres a favor. Los funcionarios que rechazaron la propuesta fueron: la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos; el magistrado Presidente del Tribunal Federal de la Justicia Admnistrativa, Carlos Chaurand; el Auditor de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo y el Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. 

A favor votaron el Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña; la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval y el presidente del Comité Coordinador del SNA, José Octavio López. 

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El nuevo formato de declaración de bienes aún no está definido, por lo que seis temas más podrían adherirse como: la incorporación al sector industrial al pertenecen todos los terceros, especificación de que los datos de menores sean tratados como información confidencial. No eliminación de ciertos datos que contenían el formato anterior., publicidad de datos de terceros y establecimiento de qué datos son confidenciales en cada sección de los formatos.

Además, se agrega la opción para que el servidor público indique que no le apliquen ciertos rubros relacionados con datos patrimoniales y de conflicto de intereses.

Se modificó la segmentación de servidores públicos que están obligados a presentar una declaración simplificada o en su totalidad.

La iniciativa 3 de 3 (o declaración de bienes patrimoniales), busca reconstruir la confianza ciudadana en la clase política a través de la publicación de sus tres declaraciones (patrimonial, intereses y fiscal)  de forma voluntaria como muestra de su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

Según las estadísticas, hasta la fecha 991 funcionarios mexicanos han publicado su 3 de 3. De 31 secretarios de estado, sólo 9 han declarado; 27 de 32 gobernadores han abierto su patrimonio; 75 de 500 diputados federales fueron expuestos al escrutinio.

En 2016, por ejemplo, aseguró que no tenía propiedad alguna. Aquella ocasión presentó la misma lista de bienes que publicó ahora como presidente, aunque en ese año presentó un sueldo por 50,000 pesos. Además dijo que obtenía dinero por las regalías de sus libros y conferencias que impartía.

La última declaración patrimonial del presidente Andrés Manuel López Obrador causó polémica, ya que sólo presentó una finca de 12,000 metros cuadrados en Palenque, Chiapas, pero que está a nombre de sus hijos.

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La casa donde actualmente vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller quien también es dueña de los autos de la familia. El mandatario consideró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108,000 pesos mensuales.

Al inicio de su gobierno, el presidente aclaró que los servidores públicos deberán presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SPF) su declaración patrimonial.

Aunque no era obligatoria hacerla, el tabasqueño impuso nuevas reglas. "Quien no acepte publicar su lista de propiedades no podrá trabajar en el gobierno".