(Video: Twitter)
A rastras y maniatada, la ahora ex jueza del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández, fue desalojada de su oficina por policías municipales, quienes argumentaron que la mujer ya no trabajaba ahí.
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Los agentes comandados por Édgar Oswaldo Jiménez, acudieron al inmueble de la Oficialía número 11 para sacar a la funcionaria, pues presuntamente desde el pasado viernes, fue notificada de su destitución.
"Tengo mi nombramiento por el secretario de Gobierno, ustedes (los policías) no me pueden quitar de aquí", se escucha en una grabación que salió a la luz a través de redes sociales.
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Según el testimonio de Carrizales, los actos violentos en su contra son producto de una represalia por denunciar irregularidades en los cobros de trámites del Registro Civil.
Con pruebas en mano, la funcionaria aseguró que los costos de los trámites se inflaron hasta 17 por ciento.

En tanto, el secretario General, Sebastián Pérez García, dijo que la funcionaria rechazó la indemnización y violentó sellos y chapas de la Oficina Pública para continuar en operaciones como si siguiera en funciones.
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Los actos de desalojo fueron presenciados por algunos trabajadores del Ayuntamiento, que actualmente encabeza Xavier Nava, a quien la también abogada le envió un mensaje:
"Xavier Nava ¡no tengo miedo! Puedes mandarme a amenazar, golpear, vejar, humillar y seguiré sin tenerte miedo. No voy a negociar, empieza a temblar. San Luis Potosí está rompiendo el silencio", escribió en su cuenta de Facebook.
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Tras el acto violento, la ex jueza compartió a través de un video una petición de seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras.
"He sido víctima de ultrajes por denunciar la corrupción de parte de Xavier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí. […] No sólo me corrieron de mi trabajo, me ultrajaron, me arrastraron. Tengo miedo porque tengo dos hijos, de 8 y 11 años, tengo mi madre que la están amenazando. ¡Por favor ayúdenme!", suplicó la mujer.
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También, Carrizales exige la destitución del secretario Sebastián Pérez, así como la promoción del juicio político contra Xavier Nava.
Trascendió que la Fiscalía General de la entidad le brindará protección que fueron solicitadas por la denunciante.
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