
La Policía Federal realizó un operativo en el Estado de México para decomisar insignias falsas de la Guardia Nacional, que se comercializaban de manera ilegal en tianguis de la alcaldía Naucalpan.
En marzo del 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), presentaron la vestimenta que usaría el nuevo cuerpo de seguridad que el día de hoy fue desplegado por el territorio mexicano.
Se mostraron dos tipos de atuendos. El primero se trata de ropa militar con una bandana color negro en el brazo con las iniciales "GN" en blanco. El segundo es de acercamiento con las personas, en la que en la espalda y gorra de los trajes está escrito el nombre de la institución.

En la presentación, además se especificó que los uniformes son totalmente confeccionados en las fábricas de vestuario y equipo de la Sedena.
Sin embargo, los atuendos han sido elaborados o adquiridos (se desconoce su origen) de manera ilegal, para ser vendidos a través de internet o en puestos ambulantes.
Ayer las autoridades de seguridad arribaron a la zona Circunvalación y avenida Parque de Chapultepec en Residencial Lomas de Sotelo para confiscar brazaletes de la Guardia Nacional que comercializaban vendedores ambulantes a 80 pesos.
Debido a denuncias penales que interpuso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SESNSP) ante la Fiscalía General de la República por la falsificación y uso indebido de las insignias, después de que en medios de comunicación se diera a conocer que partes del uniforme se vendían al público en general.

Así el grupo de investigación de la PF lograron dar con los puestos de venta. En el lugar detuvieron a tres comerciantes; dos hombres y una mujer a los que les leyeron sus derechos y los transportaron a las inmediaciones del Ministerio Público junto al material confiscado.
Las autoridades aún no han hablado sobre las sanciones legales que recibirán los vendedores.
En el artículo 250 del Código Penal Federal se estipula que se podrá sancionar con uno a seis años pre cárcel y una multa de 100 a 300 días de salario mínimo de multa, a quien use ilegalmente credenciales o partes de uniforme de servidores públicos. La pena podría aumentar si los artilugios pertenecieran a Fuerzas Armadas mexicanas.
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