El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) analiza la posibilidad de llevar a instancias legales el presunto plagio de la casa de moda Carolina Herrera de la iconografía de las comunidades de Tenango de Doria, Hidalgo y el Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, así como el sarape de Saltillo, Coahuila.
Pero el instituto no es el único que busca demandar a la marca, los senadores por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Monreal y Susana Harp también piensan emprender acciones legales contra la empresa venezolana.
Monreal escribió en Twitter que ni el ni Harp permitirán que grandes compañías comercien con los diseños mexicanos sin dar una retribución a los creadores. El mensaje iba acompañado de la etiqueta México sin plagio.
Carolina Herrera trabajó en 2015 con personas de la comunidad Tenango de Doria para elaborar en conjunto bolsas, pero esta vez no fue así.
El INPI ve como pretexto el homenaje a la cultura mexicana de Carolina Herrera para lucrar con la propiedad de los pueblos originarios de México.
Los diseños indígenas son producto de la historia, identidad, conocimientos y cosmovisión de esas comunidades, por lo que su uso sin autorización es muestra de la mentalidad colonizadora con la que se sigue tratando a estos grupos, explicó el instituto.
Consideraron que las prendas de Carolina Herrera perjudican a las comunidades indígenas, por lo que la firma venezolana vulnera el derecho fundamental a conservar y proteger el patrimonio cultural de esos pueblos.
Estudian la posibilidad de interponer acciones legales con base en el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual estipula que estos grupos tienen el derecho a "mantener, controlar, proteger, desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales […]". Ese derecho se extiende a la reproducción de esa propiedad intelectual o a productos inspirados en ella.
Bajo este fundamento, cualquier organización que quiera los diseños y creaciones artísticas indígenas deben contar con el consentimiento de los pueblos y éstos deben recibir los beneficios generados de esos productos.
El INPI aprovechó para pedir a las empresas y terceras personas respetar los derechos de los pueblos indígenas. También resaltó que en México no existen leyes que protejan a las comunidades originarias de plagios.
Susana Harp, presentó en noviembre de 2018 un proyecto de ley para la Salvaguarda de los Conocimientos, Cultura, e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, pero continúa en espera de ser discutido por el pleno del Senado para su posible aprobación.
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