La organización Human Rights Watch (HRW) calificó de "locura" la decisión del Gobierno de México de militarizar la frontera sur del país al tiempo que criticó que el despliegue de agentes de seguridad sea para detener migrantes y no contra delincuentes.
"La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: desplegar una fuerza esencialmente militar, ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos", apuntó el director ejecutivo de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco, en un mensaje en Twitter.
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El miércoles, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que iniciaba la fase de "implementación" de la Guardia Nacional en el sureste del país y en especial en la frontera sur, como parte del acuerdo para frenar el flujo migratorio desde Centroamérica y evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
Ebrard informó que el Gobierno desplegaría en 13 puntos de la frontera a 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad conformado por militares, marinos y policías federales y encabezado por un militar en retiro.
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Sobre esa decisión, el director ejecutivo adjunto en la región de HRW, Daniel Wilkinson, consideró en un boletín que la "extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre".
Dijo que los sucesivos Gobiernos de México "han justificado el uso de las Fuerzas Armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a carteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos".
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"Sin embargo, esta militarización de la fuerza pública solo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos", apuntó.
La Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la violencia, "representa una extensión de esta militarización de la seguridad pública", agregó.
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Wilkinson recordó que "si el Gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos".
El representante aceptó que "México tiene derecho a reforzar sus fronteras", pero considero "predecible" que el despliegue de la Guardia Nacional "termine resultando en graves abusos".
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