El caso Odebrecht parece no tener fin y es así que un tribunal mexicano ordenó abrir uno de los expediente en nuestro país de la red de sobornos más grande América Latina en la que participaron autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de otras naciones como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
El exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, presentó en 2018 una demanda de amparo ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para evitar que el caso se hiciera público.
El ex funcionario argumentó que hacer las versiones públicas pondría en riesgo datos personales y su derecho a la presunción de inocencia.
Pero tras una serie de procesos penales, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa indicó que si bien el expediente tiene información personal, en este caso hay graves violaciones a derechos humanos y asuntos de corrupción, por lo que pidió a la Fiscalía General hacer las versiones públicas.
En la resolución se explicó que "a pesar de la reserva de información que se previó en el caso, tal carácter se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación de hechos que implican información relativa a hechos que implican actos de corrupción".
En la misma orden de apertura del expediente se mencionó que transparentar el caso no vulnera los derechos de Lozoya Austin, porque "la información que se ordenó proporcionar, atiende al interés de la sociedad respecto de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, y ésta deberá entregarse con supresión de datos personales y/o confidenciales del quejoso y su familia".
Lo anterior fue publicado por el sitio de noticias Animal Político, quien solicitó ante el Inai varios expedientes relacionados con la investigación que se realiza en el país por el caso Odebrecht.
El medio digital mencionó que aún espera que las autoridades revelen los nombres de todos los involucrados en México en la mayor red de corrupción de todo el continente e impulsada por una constructora brasileña.
Animal Político detalló que la entonces PGR y la ahora Fiscalía General han presentado varios recursos legales ante el Inai, para frenar las versiones públicas del expediente.
La respuesta de las autoridades es que al transparentar el expediente se vulnera el principio de presunción de los involucrados, así como que se pondría en riesgo la investigación.
Las carpetas de investigación de este caso continúan cerradas, a pesar de que el Inai señaló que es un acto de corrupción de interés internacional y debe ser público.
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