
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la organización Amnistía Internacional de estar cooptada por opositores al gobierno, luego de que ayer asociaciones civiles y personas buscadoras respaldaron que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) aplicará el Artículo 34 para atender la crisis de desapariciones en México.
“Amnistía Internacional, que es otra área y que está cooptada también por quienes están en contra del Gobierno de México, pues quiere hacer otros eventos aquí en México”, afirmó la presidenta durante La Mañanera del Pueblo.
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En este sentido, la mandataria rechazó que el CED haya emitido una valoración imparcial sobre México y defendió las medidas de su Gobierno para combatir la desaparición de personas.
La declaración ocurrió después de que personas buscadoras y organizaciones civiles señalaron que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ya fue activado en el caso mexicano.
Ayer, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, afirmó en una conferencia de prensa que el procedimiento no es una posibilidad futura, sino una decisión ya comunicada a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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“Hay que reconocer que el artículo 34 ya se activó”, expuso Olivares. La representante añadió que el Comité ya emitió una determinación y la remitió a la Asamblea General.
Sheinbaum cuestionó esa postura y aseguró que las organizaciones pretenden realizar nuevos actos públicos tras la presentación de México ante el organismo internacional.
La presidenta rechazó la interpretación que atribuyó al CED sobre presuntas desapariciones forzadas provocadas por el Estado mexicano.
Según Sheinbaum, ese tipo de prácticas correspondieron a la llamada guerra sucia, periodo en el que el Estado mexicano cometió violaciones contra opositores políticos y movimientos sociales.
“Eso ocurrió en la guerra sucia”, sostuvo al referirse a las desapariciones forzadas que atribuyó a ese periodo.
La mandataria afirmó que los casos actuales responden, principalmente, a actividades de la delincuencia organizada u otros delitos. Aseguró que su Gobierno atiende a las víctimas y a sus familiares.
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“Hoy tenemos problemas de desaparición, principalmente vinculado con la delincuencia organizada o delitos”, dijo Sheinbaum.
La presidenta consideró que el enfoque contenido en el documento cuestionado por su Administración ofrecía una lectura “tendenciosa” de la situación mexicana.
Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México presentó ante Naciones Unidas los cambios legales y las acciones emprendidas durante más de un año en materia de búsqueda de personas.
La presidenta aseguró que, como resultado de ese trabajo, fueron localizadas más de 16 mil personas que estaban reportadas como desaparecidas.
“Ahí se presentó todo lo que se ha venido haciendo, los cambios en la ley desde hace más de un año a la fecha, e incluso cómo se encontró a más de dieciséis mil personas desaparecidas”, declaró.
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La mandataria dijo que la exposición del Gobierno mexicano recibió reconocimiento en Naciones Unidas, aunque no detalló qué instancia emitió esa valoración ni los términos de ese pronunciamiento.
También señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación realizaron un trabajo conjunto para preparar la presentación.
Gobernación retomará el diálogo con madres buscadoras
La presidenta anunció que a partir de mañana, miércoles 28 de octubre, la Secretaría de Gobernación reanudará las visitas y reuniones con colectivos de madres buscadoras.
En algunos encuentros participarán la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades de los estados, según explicó.
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Sheinbaum señaló que las reuniones tendrán como objetivo informar a los colectivos sobre las acciones oficiales y discutir las vías para avanzar en los procesos de búsqueda.
“Bueno, pues el trabajo que se realiza con las y los colectivos, de qué se está haciendo, cómo avanzar, un diálogo permanente”, respondió.
El anuncio se produjo después de que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación ofreció una conferencia de prensa sobre la postura oficial frente al procedimiento iniciado ante la ONU.
Colectivos y organizaciones piden seguimiento de la Asamblea General
Las organizaciones civiles que respaldan la activación del artículo 34 sostuvieron que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavía puede tomar distintas decisiones respecto del caso de México.
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Entre las posibilidades mencionaron que no exista una definición, que los Estados impulsen que México atienda el procedimiento o que se abra una consulta para determinar los pasos posteriores.
Marisol Méndez, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que el mecanismo no tiene antecedentes y que los Estados aún no han definido una ruta para responder.
“Lo cierto es que como este procedimiento es inédito y nunca se ha aplicado, los Estados tampoco saben cuál es la ruta para atenderlo”, afirmó Méndez.
La abogada dijo que las familias esperan que los Estados incorporen sus planteamientos y establezcan una resolución que dé seguimiento a la situación de México.
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Méndez sostuvo que los resolutivos del CED no deben entenderse como interpretaciones, sino como decisiones derivadas de las facultades del Comité.
El artículo 34 y un mecanismo sin precedentes
El artículo 34 permite al CED llevar una situación ante la Asamblea General de la ONU cuando recibe información con indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado parte.
El Comité debe solicitar previamente información al Estado involucrado antes de remitir el asunto, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General por medio del secretario general de Naciones Unidas.
El mecanismo se aplica por primera vez en el mundo, de acuerdo con las personas buscadoras y organizaciones que ofrecieron la conferencia de prensa.
México firmó la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas en 2007 y la ratificó en 2008. El instrumento entró en vigor en el país el 23 de diciembre de 2010.
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Las organizaciones afirmaron que el procedimiento podría abrir una vía para que México reciba conocimiento técnico y recursos financieros, además de establecer una discusión internacional sobre las obligaciones del Estado frente a las desapariciones.
El rechazo de México al documento del CED
Sheinbaum explicó que el Gobierno de México rechazó, meses atrás, un documento sobre desapariciones forzadas porque consideró que atribuía al Estado una responsabilidad actual en esos casos.
La mandataria indicó que, tras ese desacuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboraron una respuesta para exponer la posición oficial ante Naciones Unidas.
“Se hizo un trabajo muy intenso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos”, señaló.
Según la presidenta, la representación mexicana presentó ese informe ante Naciones Unidas durante la semana anterior y expuso los cambios legales, los mecanismos de búsqueda y los resultados que su Administración atribuye a esas tareas.
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