El gobierno federal ya puso el ojo en Airbnb y este año comenzará su fiscalización con el propósito de que esta y otras plataformas de oferta de hospedaje paguen impuestos, pues hasta ahora han operado como una competencia desleal para el sector hotelero, según las autoridades.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que ya hay instalada una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Normatividad para poner en marcha un plan de fiscalización que permita al gobierno cobrar impuestos a esas plataformas.
Al participar en la presentación de la estrategia nacional de turismo 2019-2024, el funcionario consideró que servicios como Airbnb operan como una competencia desleal en el sector, por lo que es necesaria su regulación.
"Hoy será una realidad evitar la extra oferta hotelera, que es una parte negativa y que compite en forma desleal con la hotelería del país", dijo.
Lo cierto, sin embargo, es que en México hay 5 estados donde Airbnb ya paga impuestos. Estos son: Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca, donde los anfitriones deben pagar un gravamen de 3% conocido como Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.
La capital del país fue la primera entidad en México y en toda Latinoamérica en firmar un convenio con Airbnb, en 2017, a partir del cual acordaron la aplicación de ese impuesto, a partir de la reserva en línea.
El año pasado Airbnb también informó que ya había acuerdos con otras entidades como Colima, Baja California Sur, Jalisco y Guerrero.
La consultora Deloitte explicó en su momento que el impuesto en sí mismo no es novedoso, sino el modelo de cobro, pues se adapta a una nueva forma de hacer negocios a través de plataformas digitales.
Airbnb funciona como mediador entre el dueño de una propiedad y un particular que demanda utilizarla por determinado tiempo. Al ser una aplicación digital, el gobierno no sabía cómo fiscalizar a quienes brindan los servicios de hospedaje, explicó la consultora.
En el esquema de cobro que se puso en marcha con la Ciudad de México, el usuario paga a la plataforma un impuesto de 3% y ésta, a su vez, entrega los recursos obtenidos de manera directa al gobierno.
Pero el impuesto no es a la aplicación en sí, sino al valor de los servicios que ofrecen las personas que ponen a disposición sus propiedades, explicó Deloitte en un comunicado.
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