
El avance de los incendios forestales transformó el paisaje de numerosas regiones en los últimos años. El fuego generó consecuencias que trascienden la destrucción inmediata de la vegetación y la evacuación de comunidades. Más allá de las imágenes de llamas y humo, estos eventos provocan un impacto duradero en la calidad del agua destinada al consumo humano, lo que afecta la salud pública y la gestión de los recursos hídricos.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica publicó una revisión en la revista Science of the Total Environment, donde se analizan los efectos de los contaminantes generados por incendios sobre las fuentes superficiales de agua potable.
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Incremento de contaminantes y riesgos para la salud
La revisión científica expone que las concentraciones de sólidos suspendidos, nitratos, fósforo, carbono orgánico total y turbidez en fuentes de agua pueden aumentar hasta 39.600% tras un incendio forestal. Los investigadores observaron que estos valores extremos no son solo un fenómeno temporal: en algunas cuencas, los picos se mantienen durante años, llegando a persistir hasta cinco años después del fuego.
La revisión científica analizó información recopilada en 23 investigaciones realizadas en 28 cuencas hidrográficas de distintas regiones. A partir de estos casos, los autores detectaron que los aumentos extremos en la cantidad de contaminantes pueden mantenerse durante varios años después de un incendio forestal.
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Otro dato relevante es el fuerte incremento de metales pesados y de sustancias conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), que pueden llegar a niveles hasta 66.000 veces mayores que los límites recomendados por normas ambientales. Los PAHs son preocupantes porque algunos tienen efectos cancerígenos y pueden afectar el sistema hormonal y cardiovascular.
Los propios autores de la revisión destacan que una de las primeras señales de alarma después de un incendio es la turbidez: el agua se vuelve turbia porque contiene muchas partículas en suspensión. Según explican en un artículo de The Conversation, cuando llega la lluvia después del incendio, la ceniza, los sedimentos y los restos de productos químicos usados para combatir el fuego se arrastran rápidamente hacia ríos, lagos y embalses. Esto vuelve el agua más difícil de tratar y eleva el riesgo sanitario para las personas que dependen de estas fuentes.
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El estudio también advierte que los contaminantes no solo llegan a los cuerpos de agua por el arrastre superficial. Las columnas de humo pueden transportar partículas y sustancias tóxicas a largas distancias a través del aire, para luego depositarse en diferentes lugares cuando llueve. La revisión señala que, además de los PAHs, otros compuestos llamados contaminantes orgánicos persistentes (POPs) plantean riesgos porque se acumulan en los organismos vivos y pueden producir efectos en la salud a largo plazo.

Finalmente, el informe subraya que muchos sistemas de tratamiento de agua no están preparados para enfrentar el aumento simultáneo de turbidez, materia orgánica y metales pesados provocado por los incendios. Los expertos sostienen que las plantas de tratamiento pueden perder eficacia, lo que obliga a gastar más en productos y procesos y puede poner en peligro la salud pública si el agua no alcanza estándares seguros.
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Cómo se descifran los cambios en las cuencas afectadas
Para realizar esta revisión, el equipo de investigadores siguió un proceso en cuatro pasos. Primero, eligieron estudios científicos que tuvieran información sobre la calidad del agua durante al menos seis meses después de los incendios y que también incluyeran datos anteriores en la misma zona o en áreas similares no afectadas por el fuego.
Después, analizaron cuáles fueron los niveles más altos de contaminantes y durante cuánto tiempo se mantuvieron elevados, comparando siempre los datos de antes y después del incendio para ver cuánto aumentaron. También observaron si el tamaño de la cuenca, la intensidad del incendio y otras características del terreno influían en los cambios detectados en el agua.
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En una etapa siguiente, compararon de manera sistemática los valores recogidos antes y después de los incendios para identificar cuáles contaminantes superaban más los límites recomendados para el ambiente y el agua potable. En la última parte del análisis, los investigadores estudiaron cómo estos contaminantes afectan a las plantas de tratamiento de agua, cuáles son los desafíos para operarlas y cuáles son los puntos débiles del sistema.

Los autores señalan que la mayoría de los estudios solo observan los primeros meses después de un incendio, y que hay poca información sobre lo que ocurre a largo plazo. Por eso, subrayan la importancia de tener un monitoreo continuo, para poder mejorar los modelos que ayudan a predecir los impactos y para entender cuánto tiempo pueden permanecer los contaminantes en el agua, incluidos los metales, los PAHs, los POPs y los químicos usados en la lucha contra el fuego.
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Estrategias para reducir riesgos en un escenario de incendios más frecuentes
La temporada de incendios de 2025 registró una actividad intensa en el hemisferio norte, con récords históricos en Europa y el segundo mayor nivel de emisiones de carbono por incendios en Canadá desde 2003, según el monitoreo de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).
En total, los incendios y la quema de biomasa liberaron cerca de 1.380 megatoneladas de carbono a la atmósfera entre enero y noviembre, con episodios especialmente graves en España, Portugal, Grecia y Turquía, así como en varias provincias de Canadá y la región de Los Ángeles. En contraste, Sudamérica experimentó uno de sus años más bajos en materia de incendios y emisiones.
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Ante este escenario donde los incendios son cada vez más frecuentes e intensos, los resultados del trabajo subrayan que la protección del agua debe formar parte de la preparación y respuesta ante incendios forestales, como señalan los propios autores en The Conversation: “El primer paso es reconocer la protección del agua como parte de la preparación frente a incendios. Los servicios públicos y los gobiernos deberían conocer qué cuencas son más vulnerables a los incendios severos y a la escorrentía posterior”.
El artículo resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo tras incendios, para que las comunidades reciban información oportuna sobre los contaminantes presentes en sus fuentes de agua. “Sin monitoreo adecuado, los operadores de agua se ven obligados a reaccionar cuando la calidad ya ha sufrido un deterioro”, advierten.
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Para la revisión científica, la integración de modelos predictivos, el monitoreo continuo y la adaptación de los sistemas de tratamiento resultan imprescindibles para reducir riesgos y costos. El texto menciona que tras los incendios, algunos sistemas tuvieron que cerrar tomas de agua y recurrir a fuentes alternativas, con aumentos considerables en los gastos operativos y en la demanda de productos químicos para el tratamiento.
Por último, los autores insisten en que la política de gestión de incendios y agua debe considerar la equidad, ya que las comunidades rurales o con menos recursos enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estas crisis. “Proteger el agua después de un incendio no es solo un tema ambiental, sino también de salud pública y equidad”, concluye el artículo de The Conversation firmado por los autores Qingshi Tu, Loretta Li y Raul de Leon Rabago.
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