La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar disidentes cubanos en diálogo con la agencia EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Washignton en el último medio año ha agravado aún más la situación.

Los apagones -de varios días de duración en amplias zonas del país- son uno de los principales detonantes del creciente descontento social, que se evidencia en las protestas -focalizadas y pacíficas- principalmente en La Habana; aunque también han sido significativas las manifestaciones en la provincia de Santiago de Cuba (oriente) y la ocurrida el pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila (centro).

La opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, “en el sentido que fue masiva”, pero señala que “las protestas, los toques de cazuelas son tanto en horarios de día y de noche”, lo que la mantiene convencida de que la isla pudiera vivir otro 11J, pues “el aire que se respira es de protesta”.

“Es como si de manera diaria vivieras en un 11J, claro que con esa diferencia que todos sabemos de la masividad. Pero si lo creo, porque las condiciones actuales llevan a ello”, recalca.

Coincide con Tamayo, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien insiste en que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades pueden producir un evento parecido al del 11J”, que finalizó con más de 1.400 detenidos, según denunciaron entidades de derechos humanos.

Para Cuesta Morúa, las protestas que se viven en la isla, consolidan cinco años después del 11J una “reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios, divorcio de los ciudadanos con las instituciones del Estado, explosión de las demandas frente a éste y normalización de la protesta”.

Atajar la protesta

Ambos opositores concuerdan en que, si bien se reportan más protestas, se disuelven más rápido y no alcanzan mayor transcendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía para que no realicen”, en palabras de Tamayo. Actualmente se está registrando una “durísima represión ejemplarizante del Gobierno frente a la protesta ciudadana”, agrega Cuesta Morúa.

En este sentido, Tamayo habla de “regulaciones y restricciones de movimiento a los activistas de derechos humanos” en la isla, así como “restricción de movimiento o regulación migratoria”, para “realizar actividad de articulación ciudadana”.

Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD) en un informe sobre el significado de las protestas sociales del 11J señala que en los últimos años “las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia”.

Se trata, prosigue, de herramientas que combinan “vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública”.

Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por “el régimen de Cuba” durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH.

La misma postura sostiene Cuesta Morúa, quien fue recientemente detenido y, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió “maltrato físico y amenazas”. A su juicio, el Gobierno cubano “endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos”.

“Esto tiene un efecto disuasorio”, señala y añade otros dos factores que dificultan una mayor articulación de la protesta en la isla: “la ausencia clara de espacio público” y “el diseño preciso para cortar (por parte del Gobierno) cualquier vínculo entre el liderazgo cívico y la ciudadanía”.

Cuesta Morúa señala que el 11J ha logrado “de algún modo”, aunque “sin lograr la satisfacción” de las necesidades ciudadanas, que los cubanos se hayan “empoderado” y se haya “destruido la narrativa del Gobierno”. “Éste manda -no gobierna- con escasa legitimidad”, afirma.

(EFE)