Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua han acordado un encuentro de alto nivel para abordar el avance de la minería de oro ilegal y el contrabando asociado en la frontera común.
El anuncio, realizado por el Gobierno costarricense este miércoles, implica la participación directa de los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de ambos países, en una cita cuya ubicación precisa aún no ha sido comunicada.
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Según el canciller costarricense, Arnoldo André, la reunión responde a una solicitud planteada a su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke, quien aceptó “amablemente” analizar la problemática.
El diálogo, programado para celebrarse en la zona fronteriza, buscará coordinar acciones inmediatas para “evitar que el oro costarricense sea transportado por el río San Juan”, un eje fluvial bajo soberanía nicaragüense que se ha convertido en punto estratégico para el tráfico ilícito de metales.
Minería ilegal y crimen organizado en la frontera norte
Las declaraciones del ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, han puesto el foco en las rutas del contrabando utilizadas por los llamados coligalleros. Según Zamora, estas redes de minería ilegal extraen el mineral en territorio costarricense, lo trasladan clandestinamente por el río San Juan y lo procesan en Nicaragua, donde obtienen ganancias que no retornan al país de origen.
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Zamora expuso que “el robo del oro de los costarricenses lo llevan a cabo coligalleros que utilizan rutas de contrabando que pasan por el río San Juan”, y que este flujo irregular involucra el procesamiento del sedimento minero en el país vecino, consolidando así un circuito transnacional de extracción y lavado de oro.
Los puntos críticos identificados por las autoridades incluyen la localidad de Las Crucitas, en la provincia de Alajuela, y el cerro Las Conchuditas, ambos cercanos a la frontera norte. En estas zonas se reporta no solo la presencia de mineros ilegales, sino también la intervención de redes de crimen organizado con capacidad de operar a ambos lados del límite binacional.
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Las Crucitas: epicentro de disputa y daño ambiental
El área de Las Crucitas ha sido históricamente objeto de controversia. En 2010, la empresa canadiense Infinito Gold planeaba explotar una mina de oro a cielo abierto en el sitio. Sin embargo, tras una prolongada disputa judicial, los tribunales costarricenses anularon los permisos, dejando la zona sin actividad extractiva legal.
Este vacío fue rápidamente aprovechado por mineros ilegales, quienes emplean métodos de extracción que incluyen el uso de mercurio, con graves consecuencias para los ecosistemas locales y la salud de las comunidades. El Gobierno de Costa Rica ha reconocido los “severos daños ambientales” generados en la región, agravados por la ausencia de vigilancia efectiva.
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Gobierno de Costa Rica, concesiones y tensiones ambientales
En respuesta al auge de la minería ilegal, el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley que busca reactivar la explotación de oro en Las Crucitas bajo un modelo de concesión supervisada. El plan propone que el Estado perciba un 5 % de las ganancias generadas, con la operación centralizada en una planta de procesamiento gestionada por empresas adjudicatarias seleccionadas mediante subastas.
No obstante, la iniciativa enfrenta el rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que alertan sobre los riesgos ecológicos y sociales del proyecto. El Ministerio de Ambiente y Energía sería el órgano encargado de definir los criterios y supervisar el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de los concesionarios.
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Contexto regional e internacional
El conflicto por el oro fronterizo ha escalado al punto de convertirse en un tema de seguridad nacional para Costa Rica. El presidente Chaves ha anunciado que expondrá el caso en la próxima reunión de mandatarios latinoamericanos que será encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Miami.
Este escenario subraya la dimensión internacional del problema y la necesidad de coordinación multinacional para erradicar la minería ilegal y el contrabando, fenómenos que, más allá de las fronteras, ponen en jaque la gobernabilidad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de la región.
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