Las claves del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares: cómo puede impactar en esas reservas de agua dulce

El gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares con la intención, según dijo, de subsanar las “graves falencias interpretativas” que, según cree, ocasionaron inseguridad jurídica y paralizaron inversiones productivas en áreas clave como la minería. El Ejecutivo sostuvo que la iniciativa pretende “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Quienes se oponen a la modificación argumentan que el proyecto busca restringir el área bajo protección para habilitar nuevas inversiones mineras que podrían destruir ese recurso de agua dulce.

En diálogo con Infobae en Vivo durante el programa de la mañana, que hoy contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y María Migliore, la periodista Laura Rocha, referente de la ONG Periodistas por el Planeta, planteó que el punto central de la reforma es “sacar a la ciencia” como árbitro en la definición de los glaciares y sus zonas de influencia, lo que, en su visión, abriría la puerta a interpretaciones utilitarias y mayor poder para los gobiernos provinciales interesados en la explotación minera.

En este contexto, Rocha profundizó sobre los intereses en juego: la presión de provincias mineras como San Juan y Mendoza, el lobby de empresas y el rol de la ciencia, a la vez que alertó que en la actual coyuntura económica y política, la discusión adquiere un carácter aún más espinoso. El debate se produce cuando la Argentina enfrenta un severo estancamiento económico, y el oficialismo apuesta a grandes inversiones para dinamizar las economías regionales y captar divisas, aún a costa de redefinir límites ambientales que han generado amplias discusiones sociales.

La periodista explicó que la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 como una normativa de presupuestos mínimos de protección ambiental, impone un piso de salvaguardas que las provincias deben respetar, aunque pueden ser más estrictas en sus propias jurisdicciones, nunca menos. Remarcó que dichas leyes tienen rango constitucional. “Eso significa —argumentó Rocha— que ponen un mínimo, y las provincias lo deben cumplir. Pueden ser más restrictivas, pero nunca menos”, sostuvo respecto al espíritu original de la norma.

Desde la perspectiva de Rocha, la iniciativa oficial sienta un precedente peligroso porque traslada la decisión de qué es o no es un glaciar, y cuál zona queda protegida, desde los criterios estrictamente científicos hacia el criterio político provincial. “Ahora lo que habla es del federalismo ambiental, con la idea de que las provincias decidan qué glaciar sirve y cuál no, en una cuestión utilitaria, cuando en realidad es la ciencia la que tiene que determinar la extensión de los glaciares y su zona periglacial”, enfatizó.

Rocha advirtió que el inventario de glaciares, realizado por el Instituto de Nivología y Glaciología de la Argentina (INIGLA), se encuentra desactualizado, en parte porque “no tienen fondos para mantenerlo” pero también porque el propio Ejecutivo, según señala, intenta desplazar la intervención de los equipos científicos en favor de un control local más permeable a los intereses económicos y energéticos.

El conflicto de fondo, según detalló, reside en la pugna entre la necesidad de proteger el agua dulce —un bien estratégico para el país y la región— y las oportunidades de inversión y desarrollo productivo ofrecidas por la minería, especialmente en un contexto de crisis donde existen presiones para liberar grandes proyectos detenidos por la actual ley. Rocha recordó que son las provincias del llamado “triángulo del litio” (Catamarca, Jujuy y Salta), junto con las del cobre (San Juan, Mendoza), las que empujan con mayor fuerza este cambio normativo, deseosas de captar “multimillonarias inversiones” que podrían transformar su matriz económica.

“Claramente, el Gobierno y las empresas buscan apurar esta reforma para tener divisas de manera más rápida”, advirtió y señaló el fuerte impulso que significa para el Ejecutivo la coyuntura de restricción de dólares. “En este contexto, las empresas también quieren apurar la discusión y el Gobierno coincide, porque es una manera de obtener recursos frescos para la economía nacional”, indicó.

La especialista relativizó el tan invocado argumento del desarrollo minero asociado al empleo, al destacar que “la minería en Argentina, de manera directa, genera unos 40 mil puestos; en total, incluidos los indirectos, unos 100 mil empleos sobre un universo de 12 millones de trabajadores registrados —no es un peso tan determinante como muchas veces se plantea en el debate público—. No voy a juzgar el valor de cada puesto de trabajo, pero no me parece el argumento más fuerte”, reflexionó.

En su repaso histórico, la periodista subrayó cómo la minería experimentó un fuerte auge desde los años ‘90 gracias a la ley de inversiones mineras, pero luego muchos proyectos terminaron en sitios con escaso control, productividad decreciente y sin procesos efectivos de cierre y saneamiento ambiental. Citó el caso paradigmático de La Alumbrera en Catamarca, donde “hoy es un sitio casi abandonado”, y criticó la falta de estudios de base que permitan constatar el daño previo y posterior al ciclo extractivo. “Deberían ser obligatorios los estudios ambientales antes y después de la explotación minera, pero ni siquiera así existe esa institucionalidad en la Argentina”, señaló.

El caso de los derrames de cianuro en la mina operada por Barrick Gold en la provincia de San Juan fue mencionado como un ejemplo de la debilidad regulatoria. “El proyecto Pascua Lama fue cancelado en Chile precisamente por contaminación y fallos en los controles ambientales, pero en Argentina, donde la misma empresa protagonizó el mayor derrame de agua con cianuro hace una década, no hay ni condenados ni sanción efectiva. La causa se declaró prescripta y lo único que se pagó fue una multa de 145 millones de dólares. ¿Eso es suficiente resarcimiento por contaminar cinco ríos?”, cuestionó Rocha.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la periodista repasó cómo la discusión involucra un delicado equilibrio entre los intereses progresivos de la economía minera y la protección de los bienes comunes, especialmente el agua dulce. “Las zonas alrededor de los glaciares —las zonas periglaciares— son aún el mayor objeto de controversia porque allí el impacto puede ser significativo aunque el glaciar central esté preservado. El gran debate es hasta dónde llega esa zona de protección y quién debe definirlo”, argumentó.

Frente al modelo chileno, que suele citarse como exitoso caso de minería responsable, Rocha fue categórica: “En Chile, Pascua Lama fue cancelada por la justicia y la minería no está exenta de impactos. El discurso de que no pasa nada con el ambiente no es fiel a la realidad”. Por eso, puso sobre la mesa la pregunta de la “licencia social”: “No se trata de estar en contra del empleo que genera la minería. Hay comunidades enteras en el norte argentino cuya vida gira en torno a la extracción del litio o del cobre, y la dinámica local, con empleos reales, así lo demuestra. Sin embargo, en muchos de estos proyectos también existen fuertes rechazos y manifestaciones de las comunidades, lo que demuestra que la aceptación social nunca es unánime”.

En provincias mineras como San Juan y Catamarca el peso del sector condiciona sus economías y empleos directos e indirectos. “San Juan es la provincia con menos desempleo del país, pero la discusión real no es solamente cuánto empleo se genera sino cómo se produce y cuál es el coste ambiental y social para las futuras generaciones”, precisó Rocha, al marcar la contracara indispensable en un país donde “el agua ya es escasa y la retracción de los glaciares por el cambio climático afecta incluso otras economías, como la vitivinícola en Mendoza o la producción de aceitunas”.

Las cifras que compartió Rocha dan cuenta de la presión política detrás de la reforma: “En total, hay 17.000 glaciares en la Argentina. Solo en Santa Cruz hay más de 2.400. Un total de 12 provincias cuentan con glaciares e intereses mineros; eso explica la fuerza con que sus representantes presionan en el Congreso. Sin embargo, aún en provincias pro-mineras como Jujuy, los representantes no están todos alineados y el oficialismo no da por seguro el resultado porque, a diferencia de otras reformas como la laboral, no controla de la misma forma los votos necesarios”, explicó.

Consultada sobre eventuales contrapropuestas a la reforma, Rocha fue enfática: “No las hay, porque la propuesta es, simplemente, dejar vigente la ley actual, una ley que fue revisada y aprobada por unanimidad en 2010”.

Uno de los tramos más sensibles del debate, según Rocha, es quién debe tener la última palabra sobre la compatibilidad entre explotación económica y preservación de los recursos estratégicos. “¿No hay posibilidad de convivencia entre explotación y conservación, definida por científicos y no por ejecutivos políticos?”, le preguntaron en el piso. Rocha contestó: “Podría ser posible en un mundo ideal, pero es muy difícil en la Argentina, donde buena parte de las universidades que deberían ser árbitros independientes también reciben fondos de la minería y realizan los estudios de impacto ambiental. Es tan difícil generar confianza en este país, incluso en la ciencia, que no hay actor que pueda erigirse neutral”.

“El agua dulce es un recurso estratégico y su custodia no puede depender de visiones utilitarias ni coyunturas políticas”, concluyó.

La entrevista completa a Laura Rocha

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