La tierra removida dejó a la vista huecos vacíos, donde hasta hacía poco incubaban sus huevos los pingüinos de Magallanes. Entre arbustos arrancados y senderos improvisados por máquinas pesadas, más de un centenar de animales falleció en silencio, en medio de la temporada reproductiva. El hecho, ocurrió en Punta Tombo, una de las mayores reservas de esta especie en Sudamérica, convertida en escenario de uno de los mayores daños ecológicos recientes en la Patagonia.
Ahora, la Cámara de Apelaciones de Trelew ratificó la sentencia contra Ricardo La Regina por la destrucción de nidos de pingüinos en Punta Tombo, rechazando su pedido de nulidad del proceso.
Según el fallo, a La Regina lo responsabilizan por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, pero sólo en este último caso fue hallado culpable de crueldad animal.
Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querellantes en el caso, celebraron la decisión judicial que confirma la condena impuesta por el Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson el 20 de noviembre de 2024.
La Regina había solicitado la nulidad del proceso y la suspensión del juicio a prueba, peticiones que fueron desestimadas.
El fallo original, emitido en noviembre pasado, responsabilizó a La Regina por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos con maquinaria pesada entre agosto y diciembre de 2021.
Estas acciones resultaron en la destrucción de nidos y la muerte de más de un centenar de pingüinos durante su temporada reproductiva.
La sentencia impuso a La Regina una pena de tres años de prisión condicional, con estrictas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de transitar con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles y la obligación de participar en tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, lugar de los hechos. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los delitos.
Matías Arrigazzi, de Greenpeace Argentina, destacó la importancia del fallo como un ejemplo de justicia ambiental, subrayando la necesidad de avanzar en la penalización de delitos ambientales a nivel nacional.
Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló que el uso del término “ecocidio” por parte de uno de los jueces es un avance significativo, aunque aún no esté tipificado en la legislación argentina.
“Este fallo no solo impuso una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas del país. El uso del término “ecocidio” por uno de los jueces del tribunal es innovador. Es un término que el campo ecosocial impulsa desde hace años, pero que la legislación argentina aún no tipifica como delito”, sostuvo Micheloud.
“Con este caso probamos que nadie es dueño de la naturaleza. Si bien los bienes comunes están dentro de propiedad privada, quien destruye los ecosistemas comete un delito contra toda la sociedad. Este nuevo fallo lo evidencia, y marca un límite frente al avance de prácticas extractivas y destructivas”.
“Con esta decisión, la justicia es clara; cualquier actividad que atente contra la protección de los ecosistemas y su biodiversidad no quedará impune. Este es un caso testigo. Es un ejemplo que esperamos se aplique en el resto de la Patagonia en un principio para establecer normas claras para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó Musmeci.
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