La cumbre del clima de Egipto, COP27, ha llegado a su ecuador sin que los países ricos hayan envidado a los países en desarrollo un mensaje claro sobre su posición en torno al debate de compensarlos por las pérdidas y daños causados en su territorio por los efectos del cambio climático.
La denominada fase “técnica” arrancó el 6 de noviembre con la inclusión, por primera de vez en la agenda de una cumbre del clima de la ONU, de un punto para decidir cómo financiar la compensación a los países más pobres por los daños sufridos por los efectos de un cambio climático causado mayoritariamente por las emisiones de los países más ricos.
La principal divergencia estriba en decidir a través de qué instrumento canalizar estas compensaciones: uno específico de nueva creación y vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) o vía mecanismos ya existentes.
Los países en vías de desarrollo presionan para la creación de un fondo específico con el fin de tener más garantías de que habrá dinero destinado específicamente a pérdidas y daños, mientras que desde el otro bando se aboga por usar instrumentos ya existentes, como el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Adaptación (ambos bajo el paraguas de la UNFCCC).
El argumento que defienden es ganar en agilidad, ya que constituir un fondo de estas características lleva años.
Algunos estados defienden también que el debate sobre pérdidas y daños transciende a la UNFCCC porque abarca otros aspectos como las migraciones o la ayuda humanitaria, que afectan a otras convenciones marco de la ONU.
Aceptar esto abriría la puerta a que las compensaciones recayeran en organismos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que concede préstamos que generan deuda, posibilidad que rechazan los países del Sur Global, que reclaman ayudas directas.
Con este debate abierto, mañana arranca la parte “ministerial” o “política” sin que, por el momento, haya ningún documento técnico relacionado con pérdidas y daños sobre el que las delegaciones puedan empezar a negociar los puntos y comas del que será el acuerdo final de la COP27, explicaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.
”Estos dos grupos de países están cerca de entenderse los unos a los otros, pero han parado el debate hasta que lleguen los políticos para ver qué puentes, qué tipo de proposiciones se pueden hacer para que nos acerque a una solución”, según el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en las negociaciones de la COP27, Jacob Werksman.
El enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, aseguró que su país defiende que las compensaciones por los daños producidos por los desastre climáticos se den en el marco de vehículos de financiación ya existentes y que trabajan intensamente para lograr un acuerdo.
Las aportaciones a fondos auspiciados bajo la ONU son voluntarias y el presupuesto para pérdidas y daños se podría usar para financiar, por ejemplo, la reconstrucción de zonas que puedan verse devastadas por desastres naturales asociados al cambio climático, como inundaciones, o la creación de sistemas de alerta temprana para prevenirlos.
MITIGACIÓN, FINANCIACIÓN Y ADAPTACIÓN
En lo que respecta a mitigación (reducción de emisiones), el debate se centra en concretar el grado de cumplimiento de los compromisos actuales, que todo indica que quedará pendiente para el año que viene, así como en decidir la duración del programa de revisión de los objetivos que se fijan por periodos de diez años.
En financiación, la discusión gira sobre el compromiso de dotar el Fondo Verde del Clima con 100.000 millones de dólares, objetivo que se espera alcanzar en 2023, una década después de lo previsto, y sobre en cuánto elevar el objetivo a 2025 (se habla de 130.000 millones).
Además, las organizaciones ecologistas y los países más vulnerables presionan para que de alguna manera se garantice que el 50 % de este fondo irá a mitigación (descarbonización) y el otro 50 % a adaptación (resiliencia al cambio climático).
Las delegaciones también tienen que diseñar la hoja de ruta para cumplir la decisión de Glasgow (COP26) que hace un llamamiento a los países desarrollados a duplicar las aportaciones al Fondo de Adaptación en 2025 respecto a 2019.
(con información de EFE)
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