El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el jueves una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación.
“La ley es claramente inconstitucional”, dijo el fiscal general, Merrick Garland, en conferencia de prensa.
El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está bajo presión de grupos feministas y de algunos demócratas, que han pedido que el Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en algunos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
El lunes, Merrick Garland aseguró que estaba explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”, legalizado por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973.
Según reporta CBS News, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en su denuncia de 30 páginas que el estatuto fue promulgado en “abierto desafío” a la Constitución y dijeron que el objetivo de la medida era “hacer que sea demasiado arriesgado para que una clínica de abortos opere en el estado, evitando así que las mujeres en todo Texas de ejercer sus derechos constitucionales, al mismo tiempo que frustra la revisión judicial“.
El Departamento de Justicia está pidiendo a la corte que declare la ley, conocida como SB 8, inválida y bloquee a los “funcionarios, empleados y agentes del estado, incluidas las partes privadas que entablarían demandas en virtud de la ley”, para que no la apliquen.
El fiscal general advirtió que si la ley prevalece, puede convertirse en un modelo a seguir por otros estados con respecto a otros derechos constitucionales o precedentes judiciales: “Este tipo de esquema, para anular la Constitución de los Estados Unidos, es uno al que todos los estadounidenses, independientemente de su política o partido, deberían temer”.
La medida es el primer gran paso del gobierno Biden para enfrentar la nueva ley, la más restrictiva del país en términos de acceso al aborto.
La vicepresidenta Kamala Harris se reunirá con proveedores y pacientes de abortos y salud reproductiva para discutir el impacto de la ley de Texas. Planea hacer énfasis en que la protección del derecho al aborto es una prioridad crítica para el gobierno de Biden, según reveló Jen Psaki a los periodistas acreditados de la Casa Blanca.
El lunes, Garland también afirmó que el Gobierno planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.
La semana pasada, horas después de la entrada en efecto de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear la legislación, aunque no llegó a valorar si era constitucional o no.
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