
La embajada de Estados Unidos en La Habana remarcó este miércoles su postura de repudio a la censura y la persecución a voces disidentes por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba.
La misión diplomática citó una declaración de Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, para cuestionar las medidas represivas en la isla caribeña.
“Estados Unidos apoya la libertad de expresión y de reunión en toda Cuba, y condenará firmemente cualquier tipo de violencia o ataque a manifestantes pacíficos que estén ejerciendo sus derechos universales”, señala el tuit de Sullivan que fue replicado este miércoles por la embajada estadounidense.

El régimen de Cuba avanzó el martes en su estrategia represiva al aprobar una batería de normativas que “tipifican los delitos en Internet” y contemplan como contrario a la ley “la difamación de mensajes contra el Estado” y la “incitación a movilizaciones”, lo que ya ha suscitado dudas entre representantes de la oposición.
“Por primera vez, el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico”, declaró el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Domínguez Vázquez.
Domínguez explicó que bajo la medida “serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión” como “la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos o la difamación con impacto en el prestigio del país”.
En este sentido, se entiende como delitos “la difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”, “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público” o “difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), crítico con el régimen en la isla, afirma que se trata de una regulación “para reprimir la libertad de expresión”. El director de estrategia de la organización, Yaxys Cires, estima que “ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de Internet y de telefonía”.
Cires ha recordado los ‘apagones’ ocurridos el 11 y el 12 de julio, en plena ola de protestas, y ha lamentado que se quiera imponer “otra vuelta de tuerca de la represión”. “Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación”, advirtió en un comunicado.
El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también reaccionó en su cuenta de Twitter a las normativas y coincidió en denunciar que el régimen de Cuba “restringe aún más Internet”.
En julio, ciudadanos cubanos salieron a las calles para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas, y miembros de la comunidad internacional y varias organizaciones no gubernamentales denunciaron una dura represión contra los manifestantes y cortes de Internet en la isla.
El pasado 3 de agosto, la ONG Prisioners Defenders publicó una lista que muestra que hay unos 270 presos políticos en Cuba.
(Con información de EuropaPress)
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